El Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza ha imputado a diez antiguos miembros del Consejo de Administración de la sociedad Plataforma Logística Plaza de Zaragoza (Plaza), entre ellos varios exconsejeros del Gobierno de Aragón, por presunta prevaricación administrativa.

Dentro de la investigación abierta por los sobrecostes en la construcción del apartadero ferroviario de Plaza, el juez ha citado a declarar como imputados a Carlos Escó, exviceconsejero de obras publicas y exconsejero delegado de Plaza; así como a los exconsejeros socialistas del Gobierno de Aragón Alberto Larraz y María Teresa Verde, según consta en el auto judicial.

La lista la completan el vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno; así como las concejalas de este mismo ayuntamiento Carmen Dueso e Isábel López, que como los anteriores formaron parte del Consejo de Administración entre los años 2008 y 2009.

Asimismo, ha imputado al empresario Fernando Casasnovas; José Luis Rodrigo, que fue representante de Ibercaja en el Consejo de Administración; José Luis Abad Martínez, exconsejero delegado de la Sociedad Pública Zaragoza Alta Velocidad; y Agustín García Inda, secretario general técnico de Educación.

Además el juez ha dado traslado al Tribunal Superior de Justicia de Aragón de estas actuaciones que afectan al consejero de Economía y Empleo, Francisco Bono, así como a los diputados autonómicos Alfredo Boné, del PAR, y al socialista Alfonso Vicente Barba, quienes por entonces también formaban parte del Consejo.

Las diligencias previas se han abierto en virtud de dos denuncias interpuestas por el Ministerio Fiscal relativas a dos expedientes de contratación de la empresa pública, una por "movimiento de tierras en la zona de reserva de futuros crecimientos de la plataforma logística" y otro sobre la "redacción y ejecución del apartadero ferroviario de Plaza".

Aunque el auto dice que los miembros del Consejo pudieron actuar "condicionados" por la información que les ofreció el que fuera gerente de Plaza, Ricardo García Becerril, el juez apunta que "pudieron votar en un sentido diferente" al que lo hicieron, pedir más explicaciones o demorar la decisión a una reunión posterior para un estudio más detallado".

Por este motivo, entiende que la toma de decisión "puede ser constitutiva de un delito de prevaricación".

El juez también ha citado a declarar, en calidad de testigos, a Pilar Lidón, Ignacio Sarriá y José Manuel García-Figueras.

Todos, imputados y testigos, declararán entre los días 14, 15 y 17 de julio, según consta el auto.

Asimismo, el juez ha solicitado a la sociedad pública que aporte las actas de las reuniones del consejo de administración celebradas los días 15 octubre de 2009, 16 de noviembre y 17 de diciembre del mismo año, así como los anexos; y le pide que informe de los socios que integraban la sociedad en los años 2008 y 2009, entre otros datos.