La FABZ se opone a la nueva legislación sobre las antenas de telefonía

“Un ataque frontal a la propiedad privada y a al derecho a decidir de los vecinos”, así califican desde la Federación de Barrios de Zaragoza la nueva Ley de Telecomunicaciones aprobada por el Gobierno Central, que da mayor libertad a las operadores de telefonía móvil para instalar sus antenas en espacios privados. Una instalación que hasta ahora debía superar también las normativas municipales y llegar a un acuerdo con los propietarios, que, sin embargo, el nuevo texto reduce a la aprobación de la ubicación de la antena como de 'utilidad pública', permitiéndose en casos extraordinarios hasta la expropiación de azoteas o solares con el fin de que las compañías aseguren la extensión de su red de telecomunicaciones.

El asunto no resulta baladí ya que durante los últimos años han sido muchas las comunidades de vecinos que han protestado ante la posibilidad de que se instalara uno de estos dispositivos en sus inmediaciones. En barrios zaragozanos como La Paz, el Barrio de Jesús o Las Fuentes los vecinos protagonizaron sonoras protestas ante una tecnología que, pese a ser necesaria, “debe cumplir con las controles adecuados para asegurar que se previene cualquier perjuicio”, según explica Óscar García, gerente de la FABZ, que valora que la nueva norma “deja sin capacidad de decisión tanto a ayuntamientos como a las comunidades de vecinos”.

Ante esto, y al ver también cómo sus competencias quedan mermadas, el Ayuntamiento de Zaragoza se encuentra en estos momentos elaborando un informe jurídico que analice la nueva ley para conocer a fondo el margen de actuación con el que contarán, aunque desde el Consistorio se reconoce ya que su capacidad de actuación en estos casos se verá muy recortada.

Industria, el único intermediario

Hasta la entrada de la nueva Ley de Telecomunicaciones las operadoras debían cumplir una normativa municipal que protegía especialmente a colegios y otros centros sensibles de la posible contaminación electromagnética que generan estos dispositivos. Un debate que ha sido tratado en varias ocasiones en Europa, pero que finalmente ha plegado, según explicó el Gobierno, para mejorar la cobertura y el servicio. Un veredicto que no comparte José Manuel Puértolas, representante de la Comisión de Medio Ambiente de la FABZ: “Es una ley muy regresiva que se ha aprobado casi sin darle publicidad porque saben que hay una oposición muy importante en la calle”, señala.

Y es que a partir de la aplicación de la nueva norma, las empresas de telefonía móvil ya no deberán solicitar las licencias urbanísticas ni medioambientales. Simplemente bastará una declaración responsable ante el Ministerio de Industria, argumentando que el proyecto de desarrollo de la red está basado en la utilidad pública.

Con este escenario, la Federación de Barrios de Zaragoza se ha propuesto trasladar el debate a las distintas Juntas de Distrito con el fin de elevar sus inquietudes ante el pleno municipal. Algo que ya ha comenzado a tratarse en Huesca, donde el consistorio oscense está trabajando para paralizar la instalación de una de estas antenas en las inmediaciones del centro educativo Pirineos-Pyrénnés.