Unas 100 personas siguen yendo a trabajar a laresidencia de Movera sin nadie a quien atender

La falta de previsión de la DGA hace que
en el centro, que cerró hace una semana,
se siga cubriendo incluso el turno de noche.

Mano sobre mano, pasan el día (y el turno de noche) un centenar de trabajadores que, hasta el pasado 30 de abril, prestaban servicio en la residencia de ancianos de Movera. Los 135 ocupantes de este centro han sido ya derivados a otras residencias públicas y privadas (en su mayoría a la recientemente inaugurada en Utebo) y el traslado del último grupo se produjo el pasado miércoles, hace ya casi una semana. Sin embargo, la mayor parte de los trabajadores siguen en sus puestos aunque, evidentemente, con poco o nada que hacer.

La plantilla al completo es de 134 empleados que van a turnos y, ayer mismo, unos 40 coches particulares ocupaban el aparcamiento por la mañana. Los trabajadores siguen acudiendo religiosamente a sus destinos ya que su ausencia se podría considerar un abandono de su puesto y, por tanto, causar su despido. Entre ellos hay personal sanitario, de administración, lavandería, cocinas, mantenimiento y camareros, entre otros. Pocos entienden que el traslado de los ancianos, planificado con tiempo y realizado por fases, no haya llegado acompañado de una reubicación del personal. Si bien, algunos trabajadores no se sorprenden: «Ocurrió lo mismo en los cierres del Parque Deportivo Ebro y la residencia Turia», recuerdan.

Función Pública está elaborando un plan de empleo, pero la primera mesa sectorial para negociarlo con los sindicatos se celebró el 22 de abril, cuando los traslados de ancianos ya habían comenzado y a una semana del cierre definitivo. La DGA insiste en que todo se ha demorado buscando la mejor solución posible y que se trabaja para que los funcionarios fijos e interinos sean derivados «en cuestión de días» a otras residencias públicas con mucha carga de trabajo.

Traslado escalonado

Algunos ya se han trasladado a Romareda con carácter provisional «y la idea es seguir haciéndolo a lo largo de esta semana», explicaban ayer fuentes del Gobierno de Aragón, que citaron también como posible destino las instalaciones de Camp, en la avenida de la Academia. La residencia de Utebo –a la que han ido 72 ancianos desde Movera– se descarta, ya que su gestión se ha concedido a una empresa privada.

Después, el personal funcionario de carrera y laboral fijo elegirá destino entre las vacantes (que se presentan hoy), y las plazas que queden sin adjudicar se proveerán mediante comisiones de servicios primero, y acudiendo a las listas de espera y bolsas de empleo.

No obstante, la preocupación se cierne sobre los interinos (unos 70 aproximadamente), y CC. OO. ha denunciado que, en la última reunión de la Mesa, solo se garantizó que se reubicaría a 43 personas, frente a 91 puestos amortizables, algo que niega Función Pública.

Por otra parte, fuentes oficiales del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) insistieron ayer en que en algunos casos, como en los de interinos que ocupan puestos de auxiliares de enfermería, no se ha podido otorgar destino porque están pendientes de las vacantes que tenían que haberse producido dentro del concurso de traslados del Salud, que la semana pasada quedó paralizado por un juez. Añadieron que es «cuestión de días» que se solucione, pero es imposible saber cuándo decidirá el juez que se reanude el proceso. Además, aseguraron que la residencia de Utebo se comprometió con ellos a contratar, por delante de otros candidatos, a los eventuales que ya han trabajado en Movera.

Fuentes del centro insisten en que se trata de una situación circunstancial y de un «periodo de transición». Según explican, el traslado debe hacerse escalonadamente, ya que debe vaciarse el edificio poco a poco. Parte de los trabajadores están «realizando funciones previas al cierre definitivo de Movera y se han quedado a requerimiento de la directora porque nos ha dicho que eran necesarios», explican desde el área de Sanidad.

Sin embargo, los más críticos denuncian que un ‘retén de despedida’ con un centenar de trabajadores sin funciones es difícilmente justificable.