Pese a su carácter social, los inquilinos de los pisos de alquiler de Zaragoza Vivienda tienen serios problemas para pagar el arrendamiento mes a mes. Así, uno de cada tres beneficiarios arrastra deudas con esta sociedad municipal. En total, el importe adeudado es de 629.618,35 euros, que es lo que suman las obligaciones pendientes de pago de los 519 inquilinos que no han pagado este año, una situación que se repite en los últimos ejercicios. Por este motivo, entre otros, el Ayuntamiento ha decidido reducir los precios de alquiler para estos inmuebles.

Durante el año pasado, según los datos de Zaragoza Vivienda, había 502 inquilinos que no estaban al corriente de los pagos y que sumaban 596.299,78 euros de obligaciones pendientes de abonar a la sociedad municipal. Entre el 1 de enero y el 4 de marzo de este año, las personas que no podían pagar el alquiler eran 519, con 629.618,35 euros de deuda. En total, el Ayuntamiento tiene unas 1.500 viviendas de alquiler social en distintos puntos de la ciudad, pero sobre todo en el Casco Histórico y el Actur.

La sociedad municipal, ante esta realidad, ha decidido rebajar los precios de alquiler, que habían subido considerablemente en los últimos años. El pasado mes de marzo, Zaragoza Vivienda acordó establecer dos tipos de tarifas. Una se aplicará a los pisos que se califiquen como Viviendas de Promoción Pública, que tendrán un precio de 2,4 euros por metro cuadrado, y otra para el resto de viviendas, a las que se les pone una tarifa de 3,75 euros por metro cuadrado. Así, según los cálculos de la sociedad municipal, una vivienda de 70 metros cuadrados tendrá un precio de 160 euros al mes en el caso de las viviendas de Promoción Pública y de 263 euros para el resto.

Hace dos años muchos inquilinos de estos pisos vieron cómo subían sus recibos un 40% de media, aunque en algunos casos casi se llegaban a duplicar. El motivo fue, según explicó el Consistorio en su día, que la DGA dejó de aportar su parte a estas ayudas, que fue asumida por el Ayuntamiento. Sin embargo, la partida del Consistorio no dio para cubrir todo el año y tuvo que subir las tarifas considerablemente.

Un millón en ayudas

Esta no es la única medida que se ha tomado para tratar de reducir el la carga que suponen unos alquileres que, dadas las circunstancias económicas actuales, habían quedado como casi inaccesibles para algunos inquilinos. Así, el Ayuntamiento también aprobó una línea de ayudas por valor de un millón de euros para los moradores de estos pisos.

El objetivo es que las 1.500 familias que los ocupan no tengan que dedicar más de un 30% de sus ingresos al pago del alquiler. Así, la cuantía de estas subvenciones dependerá del dinero que entre en cada casa y del precio de los alquileres. Las unidades familiares cuyos ingresos no superen los 8.946,17 euros anuales (1,2 veces el Iprem), no pagarán más de un 20% por el arrendamiento, incluidos gastos de comunidad. Aquellos que ingresen menos de tres veces el Iprem no podrán destinar más del 30% al alquiler. Estas subvenciones no son compatibles con las de otras administraciones, como las del Gobierno de Aragón.

Además, con estas ayudas a los inquilinos, procedentes del presupuesto municipal, se espera que la morosidad de estos con Zaragoza Vivienda disminuya. Antes era la propia sociedad municipal la que asumía las ayudas, solo que en vez de hacerlo con pagos a los inquilinos lo hacía reduciendo el recibo del alquiler. Según datos facilitados por el gerente de la sociedad en una de las últimas reuniones, este modo de subvencionar los arrendamientos ha supuesto en el histórico de Zaragoza Vivienda un gasto de 15 millones de euros.

Para la sociedad municipal, cuya situación económica es delicada y cuya viabilidad se ha puesto en entredicho, es crucial mantener o aumentar el nivel de ingresos, sobre todo teniendo en cuenta el posible impacto que puede tener la reforma local. En este contexto, la reducción del precio del alquiler social mencionado va a suponer una merma del dinero que entra en las cuentas de Zaragoza Vivienda. Según las estimaciones del gerente, y sin tener en cuenta la morosidad, la reducción de las tarifas implicará que los ingresos por este concepto se reduzcan en 560.000 euros.

El vicepresidente de Zaragoza Vivienda, Jerónimo Blasco, reiteró que los actuales impagos no van a hacer modificar al Ayuntamiento su política de no desahuciar a los inquilinos de viviendas sociales. «Solo lo hemos hecho en algún caso aislado en el que se ha hecho un mal uso del piso, como provocar destrozos o vender estupefacientes», añadió.

No obstante, aclaró que el Ayuntamiento «quiere evitar que no pague el que realmente sí pueda pagar», por lo que hay asistentes sociales que «revisan caso por caso». El concejal socialista justificó la bajada de las tarifas en que «el mercado ha bajado en general, y la situación actual hace que tengamos que hacer un esfuerzo en dar facilidades a quien lo necesita».