2011, la odisea de las cuentas

Preguntados por las conclusiones del informe preliminar de la Cámara de Cuentas sobre el ejercicio 2011 en el Ayuntamiento de Zaragoza, los más veteranos de la Casa Consistorial se sonríen como si todo les sonara a viejo. Sin entrar en las guerras de cifras de los últimos días, a pocos en la plaza del Pilar se les escapa que la gestión contable y presupuestaria municipal en demasiadas ocasiones se ha alejado de lo impecable. Y más en 2011, año ahora bajo la lupa del organismo fiscalizador y en el que la economía local acabó atrapada en una suerte de tormenta perfecta.

Con la crisis en su plenitud, 2010 había sido ya un desastre, con una caída drástica de los ingresos municipales: el pinchazo de la burbuja inmobiliaria impedía vender suelo, la caída de la recaudación era dramática pese a las subidas de impuestos, los problemas de pago se multiplicaban y el Ayuntamiento incumplía el principio de estabilidad presupuestaria.Fue el año en el que las gasolineras llegaron a cerrar el grifo a los coches de la Policía Local por los impagos municipales. Hasta el punto que el Ayuntamiento acabó ese ejercicio con 92,4 millones de euros en facturas en los cajones, frente a los 11,2 del año anterior. Algo iba mal.

Pero 2011 fue una odisea para las arcas municipales. Al contexto general de depresión económica, se sumó la decisión del Gobierno central de impedir a las ciudades más endeudadas contratar nuevos créditos. Por supuesto, Zaragoza quedó incluida en el listado de ciudades incumplidor?as y tuvo que renunciar a esa fuente de recursos (más de 40 millones de euros anuales). Con unos presupuestos de ingresos inflados (se estimaron 39 millones por venta de suelo pese al fracaso del año anterior), 2011 era además año electoral. La amenaza de que las vergüenzas económicas hicieran mella en las urnas preocupaba mucho al PSOE en el gobierno.

Aquel 2011 los titulares se sucedían. Si un día se sabía que el Ayuntamiento debía 64 millones a las grandes contratas, poco después se conocía que al presupuesto se le abrían las costuras porque los gastos estaban infradotados: mientras seguían fracasando los intentos de vender suelo, la partida de transporte se agotaba en marzo tras pagar más de 20 millones de euros en facturas atrasadas o la de la luz quedaba bajo mínimos después de abonar 13 millones de ejercicios pasados.

La situación llegó hasta el punto de que a finales de marzo al Ayuntamiento estuvieron a punto de cortarle la luz. El PSOE reactivó el plan de ampliar el plazo de concesión de la depuradora para aplazar pagos y poder atender con carácter de urgencia facturas por valor de 6,5 millones de euros. La oposición acusaba al gobierno de estar reteniendo facturas mientras el vicealcalde y concejal de Economía, Fernando Gimeno, trataba de contener el problema hasta las elecciones: decía que en mayo se iba a cobrar el IBI y los problemas desaparecerían.

No fue así. Para rematar, el Ayuntamiento cerró la contabilidad por sorpresa a principios de diciembre, bloqueando la tramitación de facturas de distritos y servicios municipales. Y como colofón, el último día del año, sábado para más datos, metió 81 millones de euros en la contabilidad municipal alimentando la sensación de desbarajuste.

A finales de 2011, las facturas en los cajones se habían disparado hasta los 128 millones, una cifra descomunal para Zaragoza y que la Cámara de Cuentas considera ahora incluso que se quedaba corta: informa de que 2011 tenía gastos sin consignación presupuestaria por valor de 172,9 millones de euros, que afloraron pocos meses después gracias al plan de pago a proveedores.

Con este panorama, la polémica se recrudeció en 2012. La situación llegó hasta el punto de que el jefe del servicio de Contabilidad municipal dimitió en febrero, oficialmente por motivos personales, pero a nadie se le escapaban las tensiones existentes en el funcionariado por la gestión de la tesorería. El gobierno tardó meses en encontrar un recambio, dado que el concurso que se convocó quedó desierto.

El PSOE, con CHA e IU como aliados frente a las críticas de «contabilidad creativa» del PP, capeó el temporal como pudo en un Ayuntamiento intervenido por el Gobierno central, forzado a presentar un plan de ajuste, subir impuestos y a la espera de una lluvia de millones del plan de pago a proveedores. Llegaba el momento del ‘rescate’ municipal.

Muchas de las cuestiones que aborda el informe de la Cámara de Cuentas ya se tocaron en 2012. En aquella época, el líder de la oposición, el popular Eloy Suárez, discrepó del remanente de tesorería que presentaba el gobierno municipal y llegó a decir que era de 283 millones de euros. Ante lo desorbitado de la cifra, Gimeno hacía chanzas. «Casi acertó usted, señor Suárez», bromeaba (la cuenta general cifraba el remanente negativo en 7 millones).

Según la Cámara de Cuentas, Suárez se quedó corto: la cifra era 355,2 millones superior. El resultado presupuestario, en aquel momento calculado en 25,7 millones de euros en negativo, era realmente de 164,5 (también en negativo). Al resultado patrimonial le ocurría lo mismo: los auditores corrigen los 83 millones negativos computados por el Ayuntamiento para disparar la cifra hasta los 230. Todo esto, sumado a todo tipo de incidencias en contratación.

A la espera de las correcciones que pueda incorporar el informe definitivo de la Cámara de Cuentas, que se presentará una vez estudien las alegaciones municipales, las conclusiones preliminares revelan la sensación compartida por los viejos del lugar: que el Ayuntamiento anduvo por la peligrosa cuerda floja del funambulismo contable.