Una zaragonaza pide la custodia de su hija que vive en Rumanía con su padre
El hombre no cumplió con el régimen de visitas de la niña, que actualmente tiene siete años.
Una madre zaragozana, V.M.M., ha reclamado la custodia de su hija tras incumplir su padre, con el que la menor vive en Rumanía desde hace seis años el régimen de visitas dispuesto para los periodos vacacionales.
La mujer ha explicado en una rueda de prensa que ha presentado una demanda de ejecución forzosa de la sentencia dictada el pasado mes febrero por el juzgado de Primera Instancia número 16 de Zaragoza, que otorgó la guarda y custodia de la niña al padre, G..C.O.
En la sentencia, el titular del juzgado también estableció, además de una pensión alimenticia mensual de 50 euros, un régimen de visitas, estancias y comunicaciones en un Punto de Encuentro Familiar en Zaragoza, donde vive y trabaja la madre.
El régimen de visitas correspondería con la totalidad de los periodos de vacaciones de la menor, conforme al calendario escolar de Rumanía, y, en verano, del 1 de julio hasta el 31 de agosto, ambos inclusive, y su incumplimiento supondría la retirada de la custodia, según la madre.
Al respecto, V.M.M ha señalado que el primer periodo de vacaciones (13- 23 de abril), en la pasada Semana Santa, ha sido incumplido por el padre, que no ha viajado con la niña, que ahora tiene 7 años y con la que no tiene contacto desde hace unos cinco años.
En un escrito, esta mujer ha solicitado al citado juzgado, según ha explicado, que se requiera al padre de la niña a que cumpla con el régimen de visitas y que traiga a Zaragoza a la niña en el próximo periodo de vacaciones, que comienza el 1 de julio, y que si vuelve a incumplir modifique el régimen de visitas y custodia a favor de la madre.
Este caso ha sido denunciado en un encuentro con los medios de comunicación convocado por la Asociación Pro Valores de los Derechos Humanos (ADEHUMA), que ha pedido a los jueces y al ministerio publico un mayor compromiso con el cumplimiento de la legislación en este tipo de conflictos.
Judith Martínez Velasco, presidenta la plataforma Real Rights for Children, también presente en la rueda de prensa, ha avanzado que pedirán una reunión al Fiscal General del Estado para pedir una mayor implicación del ministerio publico en estos casos, ya que, según ha destacado, no cumple con lo que obliga la legislación.
