Trece municipios zaragozanos situados a orillas del Ebro exigen a la Confederación otro millón de euros por las pérdidas que causaron las riadas del año pasado. Su petición, que busca compensar los daños sufridos en los bienes municipales, se basa en un estudio jurídico encargado a la Universidad de Zaragoza y se suma a los 5 millones de euros que los regantes de la Ribera Baja reclamaron a la CHE en octubre.

Además, las mismas 13 localidades y otras cinco que no piden indemnizaciones –18 en total– reclamarán formalmente a la Confederación que limpie el cauce del Ebro para reducir las afecciones provocadas por las avenidas. Esa segunda iniciativa, planteada a partir del mismo dictamen, será el paso previo a la posible presentación de un contencioso para intentar que sean los tribunales los que obliguen al organismo de cuenca a realizar las actuaciones demandadas.

Los 18 emplazamientos formales para hacer limpiezas y las 13 reclamaciones de responsabilidad patrimonial se presentarán en el registro de la CHE el viernes y han sido impulsados por la Plataforma de Municipios Afectados por las Riadas –que reúne a una treintena de localidades ribereñas–.

Tras las sucesivas avenidas del Ebro registradas de enero a junio del año pasado, los responsables de la Plataforma decidieron encargar un informe jurídico con el que fundamentar un requerimiento para limpiar los cauces y posibles reclamaciones patrimoniales. El estudio, que ha costado 25.000 euros, ha sido realizado por cinco juristas del grupo de investigación Adester (Administración, Economía, Sociedad y Territorio) de la Universidad de Zaragoza: los catedráticos José Bermejo Vera y Gerardo García-Álvarez, los profesores titulares Ángel Garcés Sanagustín y José Luis Bermejo Latre y el profesor ayudante Miguel Ángel Bernal, todos de la Facultad de Derecho.

El estudio de la Universidad

El dictamen concluye que en los daños producidos por las riadas del Ebro de 2013 concurren los requisitos que deben darse para que los ayuntamientos reclamantes tengan derecho a que la Confederación les resarza por esas pérdidas. "La jurisprudencia ha establecido la concurrencia de responsabilidad patrimonial de la Administración (...) también en los casos en los que se incumple (...) el deber de de poner fin o impedir hechos o actos ajenos a la actuación administrativa que pueden provocar el desbordamiento y la consiguiente producción de daños", destaca el informe.

Además, sus autores recuerdan que solo se reconocen como excepciones "los supuestos de lluvias torrenciales". "En modo alguno existe causa de exoneración de responsabilidad por fuerza mayor que pudiera justificar la desestimación por la CHE de las eventuales reclamaciones indemnizatorias de los municipios afectados", recalcan.

Un "deber" de la Confederación

No obstante, el dictamen del grupo Adester se centra, sobre todo, en argumentar que la Confederación "tiene el deber de conservar los bienes públicos (el dominio público hidráulico) en condiciones de preservar la seguridad de las personas y sus patrimonios". Los juristas de la Universidad de Zaragoza recalcan que ambos objetivos –la conservación y la seguridad– "no son contradictorios sino complementarios". "No solo deben protegerse los cauces frente a intromisiones de terceros, sino que también debe protegerse a los terceros (...) de las pérdidas que les pueda inferir una inactividad que genera no solo graves riesgos, sino también daños concretos e individualizados", insisten.

El dictamen sostiene que en 2005 la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la riada de Biescas "dejó perfectamente claro que la competencia en materia de policía de aguas no se refiere exclusivamente a la defensa de los cauces o riberas, sino también a la salvaguarda de la vida e integridad de las personas y de sus bienes". Del mismo modo, defiende que la jurisprudencia del Supremo "suele resaltar que el deber de conservación de los cauces es una de las manifestaciones más típicas de las atribuciones que (...) tienen encomendadas las confederaciones".

En cuanto a las posibles afecciones ambientales de las limpiezas de cauce, el informe jurídico encargado por la Plataforma recalca que "los dragados fluviales no están legalmente prohibidos, sino simplemente sujetos a un procedimiento de verificación de sus afecciones". Además, sus autores recuerdan que se pueden realizar proyectos "lesivos de los valores naturales" si se alegan "consideraciones relacionadas con la seguridad pública".

"Las intervenciones en los cauces para la retirada de acúmulos de diversa naturaleza no son males necesarios o excusables, sino que (...) se trata de medidas de protección del dominio público hidráulico de patente signo ambiental –subrayan los expertos de la Universidad de Zaragoza–. La limpiezas preservan el deterioro de los cauces por colmatación, anticipan los efectos de las inundaciones al mantener su escorrentía natural y evitan progresivas acumulaciones de áridos".

Los particulares pueden presentar sus propias reclamaciones

La lista de reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra la CHE va a seguir creciendo. A las casi 250 que plantearon en octubre los regantes de la Ribera Baja –por valor de 5 millones de euros– y a las 13 que van a presentar el viernes 13 municipios ribereños –que suman otro millón– habrá que añadir las solicitudes de indemnización que interpongan a nivel particular los agricultores de la Ribera Alta.

Los afectados por las riadas que quieran exigir una compensación por los daños que sufrieron en sus bienes privados disponen de un modelo tipo de reclamación que se basa en el informe jurídico de la Universidad de Zaragoza y que se está recogiendo, ya cumplimentado, en los ayuntamientos, las cooperativas y en las oficinas de UAGA. Hasta que termine el proceso y se haga balance no se podrá saber el número y la cuantía total de esas peticiones particulares, pero atendiendo a lo sucedido en la Ribera Baja se puede esperar que el montante económico vuelva a ser elevado.

El presidente de la Plataforma de Municipios Afectados por las Riadas y alcalde de Pradilla, Luis Eduardo Moncín, subraya que el objetivo de estas iniciativas es "clarificar las competencias y las responsabilidades de cada administración" y "exigirles que tomen las medidas necesarias para proteger los cascos urbanos y para que las avenidas ordinarias no causen daños". "No queremos conflictos, pero no nos han dejado otro remedio