Fuentes oficiales del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) han confirmado a este diario que la prohibición de derribo de la parte no catalogada de Averly ya no existe. Esto se debe a que la asociación Apudepa no ha depositado el aval de un millón de euros que el TSJA exigía para que las medidas cautelares se mantuvieran hasta que se emita una sentencia definitiva sobre la catalogación de estos inmuebles. La desaparición de estas salvaguardas supone que la ‘pelota’ vuelve al tejado del Ayuntamiento, por lo que Urbanismo deberá decidir en el plazo máximo de dos meses si concede la licencia de derribo que la constructora Brial solicitó antes de que el caso llegara a los tribunales.

El inicio del proceso judicial llevó al Ayuntamiento a suspender tanto el trámite del permiso de derribo como el del plan especial de ordenación propuesto por la constructora, que planteaba que el Consistorio se quedara con la parte protegida del recinto (el 32% del total). Fuentes de Urbanismo señalaron ayer que, por el momento, no les ha llegado la confirmación por parte del TSJA de que estas salvaguardas estén levantadas. Y, por otro lado, apuntaron que, en ese caso Brial no tendrá que volver a presentar toda la documentación, sino que dicho proceso se reactivará a partir de lo ya cursado.

Desde el Ayuntamiento siempre han incidido en que la concesión o denegación del derribo no dependerá de la voluntad política, sino de que dicha licencia cumpla con los criterios técnicos objetivos de este tipo de permisos. Recuerdan que este trámite "es un acto reglado" y que actuar en favor o en contra de la demolición "sería prevaricación".

Desde Brial, donde sí que entienden que las salvaguardas han desaparecido al no haberse depositado el aval, señalaron queahora "no existe motivo para que el Ayuntamiento no continúe con el curso normal de las licencias". También pidieron celeridad para iniciar los trabajos "cuanto antes".

Sobre el Tribunal Supremo

Las mismas fuentes del TSJA explicaron que, aunque el proceso judicial haya llegado al Tribunal Supremo a través de un recurso de casación de Apudepa, esto "no paraliza" el levantamiento de las cautelares. Según diversos especialistas en Contencioso-Administrativo consultados por este diario, esto se debe a que, si no fuera así, usar este recurso se convertiría en una fórmula constantemente utilizada para retrasar el levantamiento de unas cautelares.

Como ya adelantó HERALDO, el TSJA ha emplazado a las tres partes afectadas (Apudepa, la constructora Brial y los antiguos propietarios del recinto, Averly S. A.) a comparecer en el Supremo como tarde a finales de mayo, momento en el que Apudepa presentará su recurso de casación. Según uno de los especialistas consultados, del despacho Ibérica Abogados, esto no significa que el Supremo haya admitido a trámite el recurso de esta asociación, que pide que el Tribunal unifique doctrina en lo referente a los avales impuestos en las medidas cautelares. Apudepa defiende que la fianza de un millón que puso el TSJA es "excesiva" y señala que hay jurisprudencia en casos similares al de Averly donde "incluso no se ha puesto aval".

El mismo especialista dijo que "el Supremo no se suele meter en estos casos"y explicó que, si lo hiciera, el Tribunal solo podría modificar la cuantía del aval impuesto por el TSJA y dar otra vez tiempo a Apudepa para abonarlo.