Los concejales de Sádaba se niegan a dimitir y el alcalde insiste en que les denunciará

Los cuatro concejales de Sádaba que denunciaron ante la Fiscalía diversas actuaciones del alcalde, el popular Miguel Ángel Pérez, reiteraron ayer en el pleno su negativa a dimitir y subrayaron que tomaron esa decisión tras consultar con el secretario-interventor y con los asesores jurídicos del Ayuntamiento. Por su parte, el regidor insistió en que, una vez que se ha sabido que el Juzgado número 2 de Ejea archivó la causa, se querellará contra esos ediles –dos del PAR y otros dos del PP, entre ellos el único apoyo que tiene Pérez desde entonces–.

Los hechos objeto de la denuncia están vinculados con el reconocimiento, sin certificación previa, de la deuda que mantenía el Ayuntamiento de Sádaba con un empresario por la ejecución de unos trabajos durante la legislatura anterior. Esta persona realizó obras en el castillo por las que no había cobrado cuando llegó el cambio en el equipo de gobierno después de la últimas elecciones.

Al pleno, convocado por el alcalde para informar del archivo de la denuncia ante la Fiscalía, asistieron casi un centenar de vecinos que llenaron el salón de sesiones. Pérez tomó la palabra primero para volver a pedir la dimisión de los cuatro concejales y reiterar su intención de querellarse contra ellos si no dejan su cargo. El regidor destacó que nunca estuvo imputado y se mostró especialmente duro con los ediles del PAR, a los que tachó de «mentirosos». «Aquí no hay mano negra, vosotros sois la mano negra», les dijo.

Sin embargo, los ediles aragonesistas, que se pasaron a la oposición tras la denuncia, se negaron a dimitir. «Tanto el PAR como el PP formaban parte del equipo de gobierno y se decidió que esas facturas no se debían pagar porque no tenían licencia de obras –destacó el portavoz, Tomás Calvo–. A pesar de eso, el alcalde reconoció la factura». «La decisión se tomó tras consultar con el secretario y con los asesores jurídicos del Ayuntamiento», subrayó por su parte el otro edil del PAR, Domingo Casamayor, quien al igual que Calvo subrayó que cuando fueron a declarar ante el juez como testigos dejaron claro que nunca pensaron que el alcalde se hubiera quedado dinero alguno.

En cuanto a los dos concejales del PP, uno de ellos, Paula Lambea, no estuvo en el pleno. Su compañero Javier Artús, que fue el único que ha seguido en el equipo de gobierno tras la denuncia, sí acudió y dio explicaciones tras ser preguntando por el público. «No se me informó de que se habían firmado los pagarés y me sentí engañado», argumentó.

Por su parte, el portavoz del PSOE y alcalde cuando el empresario hizo las obras en el castillo, Santos Navarro, reconoció que los trabajos empezaron sin el permiso de Patrimonio. No obstante, también recalcó que pocos meses después llegó el plan director y se aprobaron las dos primeras certificaciones, por lo que fue una cuestión de tiempo. Navarro recordó que el PSOE no quiso firmar la denuncia ante la Fiscalía al entender que no había delito, reiteró sus acusaciones de «desgobierno» y dijo que la situación del Ayuntamiento es «surrealista». «Te lo digo con cariño, pero la culpa es del alcalde», le espetó a Pérez.

Al final de la sesión, los vecinos lamentaron la mala imagen dada del municipio, que se manchara el nombre del alcalde y que la denuncia no se hubiera quedado en algo administrativo.