Juzgan a un empresario y un comercial por una macroestafa

La Audiencia Provincial de Zaragoza juzga desde ayer al empresario José Ignacio

E. M. por una presunta macroestafa en la que resultaron perjudicadas un total de 26 personas, entre ellas 15 ancianos y tres discapacitados. También se sienta en el banquillo de los acusados el hombre que trabajaba para él como comercial, JuanCarlos B.V., ya que la Fiscalía considera que ambos fueron parte activa de un engaño que les reportó un beneficio ilícito de 54.000 euros. Se les imputan delitos de falsedad documental y estafa continuada, por lo que se enfrentan a penas que suman ocho años de prisión y casi 10.000 euros en multas.

Según el Ministerio Fiscal, los acusados se presentaron en los domicilios de los denunciantes para venderles todo tipo de productos, financiando la adquisición de los mismos a través de microcréditos que rondaban de media los 2.000 euros. Algunos de los perjudicados declararon ayer que nunca recibieron los artículos –sillones, ordenadores, diversos paquetes informáticos, colchones, almohadas, etcétera...–, mientras que otros aseguraron que ni siquiera compraron nada. En cualquier caso, a todos ellos se les giraron las cuotas del microcrédito que a su nombre habían tramitado los ahora acusados.

El fiscal considera probado que ambos inculpados, «de común acuerdo y con evidente ánimo de lucro», causaron un perjuicio tanto al banco que adelantaba el importe de los microcréditos como a los supuestamente estafados. Durante la primera sesión del juicio, José Ignacio E. M., al que defiende Carolina López Urriés, admitió que rellenó por su cuenta algunos documentos. El comercial, al que asiste Celia Gil Lagunas, aseguró que se limitó a vender los productos sin manipular nada. Ambas abogadas piden su absolución.