CSIF ha expresado su temor a que el cierre de la residencia de mayores del barrio rural zaragozano de Movera "marque la pauta para desmantelar los Servicios Sociales públicos" y que el próximo 30 de abril, cuando salga el último usuario de este centro de la tercera edad, "quede allanado el camino para que, en un futuro no muy lejano, la asistencia sociosanitaria pública siga reduciéndose y pasando a manos privadas o concertadas".

En una nota de prensa, el sindicato ha precisado que estos servicios se dirigen "a las personas más desprotegidas, como ancianos, minusválidos psíquicos y menores" y ha opinado que la privatización "ni garantiza la calidad del servicio que ofrece el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), ni logra el pretendido ahorro que la Diputación General de Aragón (DGA) persigue con estas maniobras".

CSIF ha señalado que con el cierre de Movera se eliminan unos 80 puestos de trabajo y otras 71 personas van a pasar del IASS al Servicio Aragonés de Salud (Salud) mediante concurso de traslados.

Según ha explicado este jueves la propia Administración, "en el plazo que resta hasta final de mes, el personal fijo del IASS que trabajaba en Movera deberá reubicarse en vacantes que haya en otras residencias o en puestos ocupados por interinos".

De esta forma, "se crea un escenario del todo favorable a que en el IASS se reduzca a pasos agigantados el personal fijo, tras el cierre de una residencia en Teruel, ahora ésta en Zaragoza y se halle en el aire una de las dos que hay en Huesca".

Para CSIF, "se adivina que esta descapitalización de personal no cesará sino que, muy al contrario, se potenciará a través de los futuros concursos de traslados abiertos al personal del IASS". CALIDAD

El sindicato ha opinado que se va a perder calidad en el servicio porque el personal del sector público "tiene obligatoriamente que estar en posesión de la titulación requerida para desempeñar puestos sociosanitarios, ha de superar un proceso selectivo y recibir una formación específica de forma periódica".

Además, tiene "vínculos laborales de larga duración, lo que garantiza una experiencia difícil de alcanzar en el marco de inestabilidad que ahora ofrece la empresa privada", las ratios de personal y usuarios "son más laxas en la empresa privada" y "hay más trabajadores en la pública, aún no teniendo las plantillas que serían necesarias".

Por otra parte, "el coste de funcionamiento de una residencia pública no difiere en demasía del de una residencia privada que, en muchos casos, es construida por la DGA para ceder su gestión a un tercero", que "recibe la instalación, puede contratar a menos personal y con menor cualificación, como un curso de atención geriátrica que dura unos meses frente a unos estudios de varios años, y más barato".