La Policía Nacional detuvo ayer por la mañana a seis personas por vender en el rastro del parquin sur de la Expo productos presuntamente sustraídos en comercios de la ciudad. Según informaron fuentes de la Jefatura Superior de Policía en Aragón, durante la operación policial se inspeccionaron ocho puestos, tres de los cuales fueron clausurados porque las personas que los regentaban en ese momento no pudieron justificar el origen de los productos, fundamentalmente de higiene personal (de marcas normales) y de limpieza del hogar.

Los seis arrestados, cuatro hombres y dos mujeres, serán puestos hoy a disposición judicial, según las mismas fuentes, que añadieron que el dispositivo se organizó para evitar la venta de objetos robados o falsificados.

Jesús Carbonell, presidente de los vendedores ambulantes de Aragón, señaló ayer que es bueno que la Policía inspeccione y que vele por que se cumplan las normas.

«Los que estamos aquí respondemos con nuestro trabajo y según qué cosas pasan perjudican nuestra imagen. Hemos luchado mucho para que nos respeten y estamos cansados de la competencia desleal», manifestó.

El presidente de los vendedores no estaba ayer por la mañana en el rastro a causa de un problema de salud, pero explicó que los asociados le contaron después lo que había ocurrido. «Creo que en los puestos registrados no estaban los titulares y que era gente que los había ocupado al ver que estaban vacíos», dijo.

Jesús Carbonell insistió en que es preciso que se cumplan las normas y que la «crisis es para todos». «Nos ha costado dos años hacer un reglamento de acuerdo con la normativa de la Comunidad Europea y estatal y nos ceñimos a él con esfuerzo, pagando las cuotas como autónomos y las tasas municipales», expresó.

Para los vendedores ambulantes la venta ilegal es una lacra que les perjudica enormemente y apoyan las inspecciones policiales que persiguen los productos de dudosa legalidad o que incumplen las garantías mínimas de salubridad. Habitualmente, los infractores son los mismos que antes se reunían en el entorno de la plaza de toros. La Policía Local actúa también habitualmente para controlar la venta sin licencia tanto en el rastro como en las calles de la ciudad y cada cierto tiempo destruye contenedores con los centenares de artículos ilegales requisados a los vendedores ‘piratas’.

En la actualidad, unas 1.500 familias dependen de las ventas del rastro de la Expo, en el que todos los miércoles y domingos plantan el puesto 453 vendedores.