Una familia de tres personas consiguió suspender ayer su desahucio después de que el juzgado comprobase que uno de los inquilinos (el padre) sufre una enfermedad terminal y que eso no se había estudiado convenientemente. En concreto, este hombre, de 67 años, sufre problemas cardíacos y respiratorios que le obligan a estar en cama (puede levantarse, pero se marea y necesita ayuda de su mujer, Lucía). Iban a ser desalojados de la vivienda en la que residen «desde 1976», ubicada en la calle de los Hermanos Pinzón (junto a la plaza de Roma). El otro inquilino es su hijo, que tiene problemas psiquiátricos por todo lo que está ocurriendo.

Lucía denunció que ha sido víctima de una estafa y que tenía la casa en propiedad hasta que la utilizó como aval para hacer unas reformas en una tienda. Después, y siempre según su versión, dijo que fue engañada por un prestamista firmando unos papeles en los que vendía su casa y pasaba a vivir alquilada en ella sin saberlo.

La comisión judicial, acompañada de agentes de la Policía Nacional y de la Local, le notificó a las 11.00 que se había decidido suspender su desahucio temporalmente.

Esta familia ha entrado dentro del programa antidesahucios del Gobierno de Aragón, que le ha ofrecido tres viviendas sociales en Zaragoza que han rechazado. El motivo –alegó Lucía– es que su marido apenas puede andar y esos inmuebles carecen de ascensor. Raquel de la Riva, portavoz de Stop Desahucios, cargó las tintas contra este convenio porque «apenas está dotado», y pidió que los inmuebles de la Sareb (banco malo) pasen al parque público de viviendas. Desde la DGA señalaron que se les está buscando una residencia con estas características y recordaron que «la bolsa de viviendas es limitada».