El pleno del Ayuntamiento de Mallén votará la continuidad de Antonio Asín

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa ha alertado de que podría producirse "una grave quiebra del Estado de Derecho y de la estrategia para reforzar la dignidad institucional de nuestra vida democrática" en el pleno que celebrará esta tarde el Ayuntamiento de Mallén para debatir la continuidad del alcalde, Antonio Asín, en su cargo tras ser condenado a siete años de inhabilitación.

La Audiencia Provincial de Zaragoza condenó a Antonio Asín a la pena de siete años de inhabilitación especial para los cargos públicos de alcalde y diputado provincial, que ostenta en la actualidad, como autor de un delito de prevaricación administrativa.

No obstante, Asín quedó absuelto de los restantes delitos que se le imputaban y anunció que iba a recurrir la decisión judicial ante la Sala 2 del Tribunal Supremo. En todo momento, el alcalde y diputado provincial ha mantenido su inocencia y ha insistido en que no dimitirá.

Esta tarde, el pleno del Ayuntamiento de esta localidad zaragozana, en el que el regidor cuenta con mayoría absoluta, votará si Asín debe seguir en su cargo como concejal y alcalde tras la sentencia que lo inhabilita y que ha recurrido.

En una nota de prensa, la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa ha expresado su sorpresa porque "las consecuencias aparejadas por una resolución judicial puedan ser sometidas a votación, lo que podría hacer incurrir a los miembros de la corporación local en un claro desafío a la ley y a los tribunales", ha advertido.

En este sentido, ha indicado que "las garantías propias de todo derecho fundamental, como es el caso del sufragio pasivo, en el que se comprende el ejercicio de un cargo público electivo, exigirían que tal decisión se adoptase por los tribunales y preferentemente por el Tribunal que dicta la sentencia condenatoria que afecta al cargo electo".

La Asociación ha recordado que el artículo 6.2.b) de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), tras la reforma aprobada en 2011, "declara inelegibles" a las personas condenadas por sentencia, "aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las instituciones del Estado, cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal".

Asimismo, el artículo 6.4 de la Ley añade que "las causas de inelegibilidad lo son también de incompatibilidad", de manera que la condena de inhabilitación para cargo público "supone una incompatibilidad sobrevenida que imposibilita la permanencia o continuidad en el cargo electivo que se venga desempeñando", ha aseverado.

En su opinión, "carece de fundamento jurídico argumentar, como hace el hasta ahora alcalde de Mallén, que la aplicación de la norma vulnera el principio de irretroactividad de las normas desfavorables, pues no es la comisión del delito lo que constituye la causa de inelegibilidad o incompatibilidad sino la sentencia condenatoria, y es evidente que la sentencia condenatoria dictada por la Audiencia Provincial es posterior a la modificación de la LOREG en 2011".

La finalidad de esta norma es impedir que sigan ejerciendo sus funciones o cargos "aquellas personas condenadas penalmente por los delitos previstos en la Ley, como ha sucedido en el caso del alcalde de Mallén".

Permitir su continuidad "sería hacer prevalecer la legitimidad de origen o de la elección -el voto de los ciudadanos- sobre la legitimidad del ejercicio -el desempeño del cargo con sujeción a la ley-, tolerando con ello que las instituciones estén dirigidas por personas condenadas penalmente, es decir, por delincuentes, corruptos o no. Algo inaceptable en una democracia exigente, con sentido de la dignidad institucional", ha zanjado la Asociación.