La ejecución hipotecaria en Zaragoza cae un 15%

Así lo ha confirmado el juez decano de Zaragoza, Ángel Dolado.

El juez decano de Zaragoza, Ángel Dolado, ha afirmado este viernes que en 2013 se produjo una disminución del 15 por ciento en los procedimientos de ejecución hipotecaria en la capital aragonesa, pero ha remarcado que se siguen produciendo muchas situaciones de "exclusión social".


Dolado, quien ha realizado estas declaraciones antes de que la Coordinadora del Gesto Diocesano Solidario presentara una nueva iniciativa para las familias desahuciadas, ha ofrecido también el dato de procedimientos en el caso de viviendas de alquiler, que ha disminuido en un 12,5 por ciento.


El magistrado ha dicho que la Ley de protección del deudor hipotecario, aprobada en mayo del año pasado, ha supuesto que determinadas personas que no estaban cubiertas hayan quedado amparadas por el paraguas de la nueva normativa pero que no "ha sido solución para todos" ya que no se acogió la tesis de la dación en pago.


Dolado ha señalado como novedad en Aragón el convenio firmado entre el Consejo General del Poder Judicial y la Dirección General de Justicia, por el que si en los juzgados se tiene conocimiento de personas que podrían quedar en la calle, los magistrados han de comunicarlo al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) para que se les de "una salida digna a través de un alquiler social".


Asimismo, ha dicho que cree que tanto el código de buenas prácticas bancarias como el apoyo ciudadano han servido para que las entidades financieras se sienten a negociar y se evidencie en las sucursales "el rostro y la cara de los desahuciados".


El juez decano ha considerado que "no tiene ningún sentido echar a la gente a la calle" cuando luego las viviendas no son recolocadas y se convierten en casas desasistidas sin utilidad social.


Por su parte, el vicario de la Diócesis de Zaragoza, Manuel Almor Moliner, ha explicado que este gesto diocesano que se ha presentando este viernes pretende ayudar a las personas "que no tienen techo".


Por ello, se ha firmado un convenio entre el Arzobispado y Zaragoza Vivienda, entidad pública dependiente del Ayuntamiento zaragozano, que cuenta con un "Plan de emergencia contra la exclusión social", para el que han donado viviendas.


Asimismo, la Iglesia aportará dinero destinado a facilitar un alquiler social a personas en situación de vulnerabilidad y para la prevención de desahucios y de la pobreza energética.


"Dentro de nuestras posibilidades queremos decir a la gente que nos pueda escuchar que esta situación existe y que tenemos que salir al paso de ella", ha afirmado Almor.