Avalancha de quejas al Justicia con la movilidad urbana como telón de fondo

El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, presentó esta semana el informe de su trabajo durante el año pasado. Se trata del resumen de un curso marcado por los recortes sociales y los retrasos del IAI, pero en el que también hay espacio para quejas más comunes, como la movilidad urbana, que ha generado decenas de quejas a lo largo del último año.

Se distinguen principalmente aquellos que solicitan una mejora de la accesibilidad para personas con movilidad reducida, los que tratan la supresión de varias líneas de autobús y la reordenación de su recorrido, aquellos que se refieren a los ruidos y molestias que causan los autobuses al dejar el motor encendido en las paradas y, por último, los que tratan de la aplicación de tarifas bonificadas en el transporte público a determinados colectivos.

Pendiente de respuesta se encuentra la sugerencia que el Justicia trasladó al Ayuntamiento de la capital aragonesa sobre los problemas de los usuarios con minusvalías físicas en los autobuses urbanos. Varios ciudadanos han solicitado, a través de esta figura, que se permita a los usuarios en silla de ruedas descender de estos vehículos por la puerta delantera.

El tranvía y el servicio municipal de alquiler de bicicletas también se encuentran en el punto de mira de los colectivos de discapacitados físicos. En concreto, han trasladado a García Vicente la necesidad de incorporar bicicletas y estaciones BiZi adaptadas, así como una mejora en la accesibilidad de los tranvías. Desde la Institución se realizaron varias sugerencias instando al Consistorio a reunirse con estos colectivos con el objetivo de conseguir mejoras.

Supresión de líneas

Entre los expedientes relacionados con la supresión de algunas líneas de autobús, así como sobre la variación de su recorrido y paradas (dos puntos que han generado importantes polémicas desde su anuncio el pasado verano), destacan los que piden recuper la línea de autobús 40.

En su informe, el Justicia señala que "dada la importancia de esta línea en cuanto al elevado número de usuarios que la tomaban y su cercanía a centros sanitarios e instancias administrativas, desde esta Institución, mediante Sugerencia se solicitó, junto con otras propuestas, su restablecimiento". El Consistorio, por su parte, ha rechazado esta petición por entender que no es viable ni económica ni funcionalmente dado el trayecto paralelo del tranvía.

Tampoco faltan en este informe las peticiones vecinales. El Ayuntamiento ha desestimado la propuesta de conectar Valdespartera con el centro a través de una línea de bus, pero está tramitando la petición de paliar la falta de comunicación por transporte público entre Rosales del Canal, Valdefierro y Los Enlaces. El mal funcionamiento de las líneas 28 y 31 y el restablecimiento de la 30 son otros de los aspectos más demandados.

Tarifas bonificadas

Otro grupo de expedientes se refieren a la no aplicación de tarifas bonificadas en el transporte público a determinados colectivos. Por ejemplo, un ciudadano que en su día cotizaba en el régimen especial de empleados domésticos y ahora se encuentra en paro denuncia que, a pesar de estar desempleado, la concesionaria no le concedía los abonos bonificados para parados al exigir, como requisito, el haber finalizado la prestación por desempleo. Prestación que el interesado nunca cobró porque no la reconocía su régimen de cotización.

En este caso, esta Institución no encontró argumento jurídico alguno que apoyara esta diferenciación entre personas desempleadas, por lo que presentó una sugerencia instando al Consistorio la extensión de dichos abonos reducidos a personas que se encontraban en la misma situación que el denunciante. La solicitud está pendiente de respuesta. Relacionado con este caso se elevó una sugerencia en la que la petición de tarifa reducida por desempleo procedía de un autónomo.

Asimismo, varios usuarios solicitaban también descuentos por pertenecer a familias numerosas, que les habían sido denegados por no estar empadronados en Zaragoza. 

Tras estudiar la Ley de Familias Numerosas, en la que se recogen los beneficios a los que pueden acogerse este tipo de familias y entre los que se incluyen ventajas económicas en transporte público, la Institución concluyó que el Ayuntamiento estaba obligado a conceder este tipo de abonos a los miembros de familias numerosas con independencia de si estaban o no empadronadas en el municipio, al no ser este un requisito exigido por ley. El Justicia está pendiente de una respuesta.

También se han registrado quejas puntuales por las molestias y ruidos que ocasionan los autobuses al dejar encendidos los motores durante el tiempo que permanecen en las paradas, especialmente en el paseo de María Agustín y en Valdespartera.