El Grupo contra los Conciertos Educativos, integrado por CGT, STEA, CHA, IU y Mhuel, registrará este viernes, en la sede del Gobierno de Aragón, un escrito dirigido al departamento de Educación contra su propuesta de concertar un gran centro en Valdespartera.

En un comunicado, este grupo condena enérgicamente los "favores" de Educación para la construcción de centros docentes privados en Zaragoza sur, en concreto en Valdespartera, "zona de gran crecimiento demográfico y muy apetitosa para las empresas privadas del negocio educativo".

Para materializar esta protesta, registrarán un escrito, dirigido a la consejera Dolores Serrat, contra la propuesta que hace "justo antes" del comienzo del proceso de preescolarización del curso 2014-2015.

En este documento, las formaciones que integran este grupo exigen, una vez más, a la Administración educativa que toda la demanda de plazas escolares públicas sean atendidas en los centros docentes públicos, tomando ya las medidas necesarias no sólo en los barrios de la zona sur de Zaragoza sino en todos los demás, así como en las distintas localidades de la Comunidad.

En su opinión, es un "claro atentado contra la escuela pública y el derecho de todas las familias a poder optar a un centro público" y, con él, la consejera Dolores Serrat y el Gobierno de Aragón "dan un paso más en su política de extender y concertar la enseñanza privada y así reducir y debilitar la enseñanza pública en nuestra Comunidad".

En la zona sur de Zaragoza, tanto Rosales de Canal, como Valdespartera, Arcosur y Monte Canal "es necesaria" una mayor dotación de escuelas públicas, agregan.

Y señalan que, a los problemas del curso pasado en el colegio de Rosales, hay que sumar las necesidades de estos nuevos barrios cuya población, mayoritariamente joven, está creciendo y a las que habrá que agregar todo el nuevo vecindario de Arcosur.

"El Gobierno de Aragón pretende hacer dejación de su responsabilidad de asegurar las plazas públicas precisas para atender el derecho a la educación de los ciudadanos, creando oportunidades de negocio para empresarios privados que pretenden lucrarse a costa de las necesidades de la población", advierten.

Para estas formaciones, esta propuesta es una nueva "agresión" a la sociedad en general y a las familias en particular, por suponer "una irresponsabilidad en el ejercicio de sus funciones despreciando la iniciativa pública y apreciando la iniciativa privada".