UPyD pide a la juez del caso Caladero una prueba para ver si hubo prevaricación

La letrada Irene Romea, que representa a UPyD en el caso Caladero, que se está tramitando en el Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza, ha solicitado a la juez titular, Mercedes Terrer, que autorice la realización de una prueba documental para conocer si hubo prevaricación administrativa, el delito que presuntamente habrían cometido los cuatro imputados de este asunto judicial.

En el caso están imputados el exviceconsejero de Obras Públicas del Gobierno de Aragón, Carlos Escó, el exconsejero delegado de la Corporación Empresarial Pública, Santiago Coello, la directora de empresas participadas de la Corporación Empresarial, Pilar Valdivia, y el exdirector financiero de Plaza, Pedro Colás. Los dos primeros han declarado el pasado 22 de enero, mientras que Valdivia y Colás comparecerán el 10 de febrero.

Se investiga si hubo un desfase irregular de 3,3 millones de euros en la contratación de las obras de construcción de la nave industrial que ocupó después la empresa agroalimentaria Caladero en la Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA).

Romea, quien ejerce la acusación popular, ha pedido que la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Gobierno de Aragón emita un informe jurídico sobre la corrección o no de los procedimientos seguidos en el expediente de contratación de las naves, así como sus prórrogas y modificaciones. Romea entiende que si no existe resolución injusta o jurídicamente incorrecta "podría no haber delito".

Asimismo, ha reclamado que Plaza Desarrollos Logísticos (PDL), la empresa que contrató la obra y de la que eran directivos los cuatro encartados, aporte la documentación relativa al depósito del dos por ciento realizado por la empresa contratista de parte de la obra CONAVINSA, ya que este depósito es necesario para concurrir al concurso de adjudicación de la obra de la nave. En caso de que existiera esta garantía el proceso de adjudicación podría ser acorde a derecho.

También ha solicitado que PDL aporte todo el expediente administrativo que acredite la realización de unos movimientos de tierras que no estaban incluidos en el contrato firmado el 5 de marzo de 2008.

Otro documento que ha pedido la letrada de UPyD es el que acredite la devolución de las garantías a CONAVINSA, en el que debe constar la fecha en que se produjo además del apunte contable de la devolución. ¿QUEBRANTO PATRIMONIAL?

Asimismo, ha propuesto que la Dirección General de Contratación, Patrimonio y Organización del Departamento de Hacienda del Gobierno de Aragón certifique si ha habido quebranto patrimonial por un importe de 3,3 millones de euros derivados de los contratos denominados 'complementario' y 'modificado'.

Si existe quebranto patrimonial, quizás se podría hablar de otro presunto delito, y si no existe tal quebranto patrimonial, "podría no haber delito, sino en todo caso, irregularidad administrativa", lo que quedaría fuera de la esfera de actuación del juzgado.

La abogada ha solicitado la prueba "ante la negativa a declarar por parte de los imputados la semana pasada", ya que tanto Escó como Coello se negaron, el 22 de enero, a responder a las preguntas de Romea.

UPyD ha señalado que su único objetivo es "el esclarecimiento de los hechos", añadiendo que si la prueba documental aclara todo y se demuestra la inexistencia de presuntos delitos, este partido no tiene intención en seguir personado "por el mero hecho de estarlo".