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Zaragoza

El abogado de Carmelo Aured recurrirá el auto de apertura del juicio oral del caso Molinos

César Ciriano ha indicado en declaraciones que el auto se recurrrirá en los próximos días.

La defensa del empresario Carmelo Aured en el caso Molinos ha decidido recurrir el auto dictado este viernes por el juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de la Almunia de Doña Godina, Alfredo Lajusticia, mediante el cual se abre la fase de juicio oral contra los presuntos miembros de la red de corrupción urbanística de la localidad zaragozana de La Muela.

El abogado César Ciriano, que representa a Aured, ha indicado que el auto se recurrrirá en los próximos días.

Asimismo, el letrado se ha ratificado en todos los escritos en los que ha solicitado la nulidad de actuaciones que ha presentado y ha expresado que discrepa "profesionalmente" sobre cómo se ha llevado a cabo la instrucción.

Ha considerado que los elementos de nulidad de todo el sumario son las escuchas "ilegales no bien practicadas", una entrada "ilegal" en un domicilio y varias detenciones "ilegales" realizadas el 18 de marzo de 2009, así como la necesidad de que la fiscal se aparte del caso por "presuntos intereses profesionales de su esposo en La Muela". 

El abogado ha precisado que las personas detenidas por este caso estuvieron cinco días a disposición judicial, "cuando la ley marca un máximo de tres" y, además, ha estimado que estuvieron "en pésimas condiciones".

Igualmente, ha sostenido que también podrían acudir al Tribunal Supremo y Constitucional por "malversación de caudales públicos" puesto que el dispositivo para la detención estuvo compuesto "por 200 efectivos policiales, con un helicóptero y cámaras", que ha calificado de "desproporcionado".

Asimismo, Ciriano ha considerado que la Guardia Civil y no la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional tiene la competencia para investigar el caso por ser La Muela un municipio distinto de la ciudad de Zaragoza y ser la demarcación rural.

En este punto, ha comentado que se van a acoger a la doctrina Perote establecida en una sentencia del Tribunal Supremo de 1997, de conflicto de competencias entre la Policía, la Guardia Civil y el juez. Ha añadido que la investigación "se asignó a la Policía Nacional sin tener la autorización del ministro del Interior o del Subdelegado del Gobierno en Zaragoza".

Por otra parte, el letrado ha anunciado que cuando se les faciliten los 147 cedés con las grabaciones de las escuchas telefónicas van a pedir "la suspensión de todo el proceso judicial" hasta que se haga "el control judicial de todas" ellas, que según ha afirmado no ha tenido lugar, sino que se han dado por válidas las transcripciones de la Policía Nacional, para indicar que en el sumario solo se han incluido entre el 20 ó 30 por ciento de las escuchas y también quieren que las compañías telefónicas cotejen la realización de las llamadas.

El juez Alfredo Lajusticia ha dictado un auto de apertura del juicio oral en el que pide a los 43 imputados, por delitos económicos, diversas fianzas para pagar las sanciones económicas que se les puedan imponer.

A la exalcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, le reclama 66,2 millones de euros, 50,3 en concepto de multas y 15,9 de responsabilidad civil, mientras que a Carmelo Aured, el exmarido de Pinilla, Juan Antonio Embarba, y el gerente de la empresa Aranade, Julián de Miguel, les pide que depositen sendas fianzas por valor de 43 millones de euros. El resto varía en torno a los 24 millones de euros.

Las imputaciones son de cohecho, fraude fiscal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, exacciones ilegales, fraude de subvenciones y falsedad.

La vista tendrá lugar en la Audiencia Provincial de Zaragoza, pero antes deben presentar sus escritos de acusación la Fiscalía, el Ayuntamiento de La Muela, la Abogacía del Estado y el Gobierno de Aragón, así como la Asociación por la Democracia en Aragón y el sindicato Manos Limpias.

Por otra parte, Ciriano ha pedido el amparo al Colegio de Abogados de Zaragoza, señalando que "existe el legítimo derecho a la discrepancia con el juez y el fiscal". Al respecto, ha argumentado que "cuando se encuentra cosas de este tipo" en una instrucción judicial "hay que ponerlas de manifiesto, no callarlas".

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