Zaragoza. El ex consejero delegado de Plaza y exviceconsejero de Obras Públicas, Carlos Esco, y el ex consejero delegado de la Corporación Empresarial de Aragón, Santiago Coello, rebatieron ayer punto por punto la acusación de la Fiscalía en el caso Caladero, por el que declararon como imputados por prevaricación en los juzgados de Zaragoza. Ambos negaron cualquier irregularidad en la obra de la factoría y cuestionaron que la DGA no llegara a enviar las alegaciones redactadas «en tiempo y forma» al informe del Tribunal de Cuentas, que originó la denuncia del fiscal. Sus abogados adelantaron que pedirán el sobreseimiento y archivo.

Esco y Coello están imputados en su condición de administradores mancomunados de la sociedad pública Plaza Desarrollos Logísticos (PDL), que se creó en 2007 para construir y arrendar durante 30 años la factoría de Caladero en Plaza. El Tribunal de Cuentas detectó una serie de anomalías en una de las fases de la obra, que sufrió un desfase de 3,3 millones (un 29% más) y por el que hay dos casos abiertos en paralelo: uno en el Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza y otro contable en la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas.

Junto a Esco y Coello también están imputados por el mismo delito de prevaricación y citados a declarar en febrero la actual directora de empresas participadas de la Corporación, Pilar Valdivia, y el ex director financiero de Plaza, Pedro Colás. Ambos les sucedieron en el cargo y firmaron el modificado en enero de 2010 y, un día después, el contrato complementario que están bajo sospecha.

Esco respondió durante hora y media las preguntas de la juez, del abogado de la DGA y de su defensa, representada por Juan Monclús, mientras se negó a responder a las de la acusación particular, ejercida por UPyD, al igual que hizo Coello, asistido por José Manuel Marraco. Sus abogados explicaron que el fiscal del caso solicitó las imputaciones en septiembre al mismo tiempo que pedía que se requiriese documentación básica (los contratos original, modificado y complementario de la obra). «Lo pidió todo en el mismo escrito», dijeron.

Los ex altos cargos no quisieron hacer declaraciones por «respeto» a los otros dos imputados que faltan por comparecer, aunque Coello incidió en que se sentía «totalmente inocente».

Ante la juez, el exviceconsejero recordó que un informe de la propia Valdivia justificó los desfases de la obra en los requerimientos que hizo el servicio de Bomberos con las obras en marcha, como la construcción de un túnel de evacuación, y en los problemas surgidos con la cimentación. Dicha explicación se incluyó en uno de sus escritos de alegaciones a las sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas. En esta última causa, sí ha alegado la DGA, aportando en reiteradas ocasiones documentación y solicitando el archivo porque «no existe en absoluto ni alcance, ni siquiera irregularidad contable, menos aún que produzca merma de las cuentas públicas».

En este sentido, Esco declaró que difícilmente pudo haber daños al erario cuando la financiación de la factoría se hizo mediante un préstamo sin aval de la DGA y el coste íntegro lo está asumiendo Caladero con el arrendamiento. Además, aportó documentación básica que no le constaba a la Fiscalía y que le llevaron a denunciar las presuntas irregularidades, como el aval aportado por las contratistas de las obras como garantía o unas certificaciones. La misma estrategia mantuvo Santiago Coello, que aportó la misma documentación para rebatir a la Fiscalía.

Ambos imputados censuraron a la DGA por no tramitar el extenso escrito de alegaciones que prepararon en 2012, «en tiempo y forma», los entonces administradores de PDL, Valdivia y Colás, para rebatir el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas de la DGA, correspondiente a los ejercicios 2008 y 2009. El Ejecutivo aragonés no alegó, los reparos se hicieron firmes y provocó la intervención de la Fiscalía. Estos hechos se han conocido ahora, cuando los servicios jurídicos remitieron el pasado 13 de enero el informe que nunca se envió junto a otra documentación requerida por los juzgados.

El Gobierno aragonés sí alegó con posterioridad en el caso contable del Tribunal de Cuentas (no en el penal), aportando en reiteradas ocasiones documentación y solicitando el archivo porque «no existe en absoluto ni alcance, ni siquiera irregularidad contable, menos aún que produzca merma de las cuentas públicas». Además, fuentes oficiales aseguraron que la argumentación del primer informe quedó recogida en los posteriores aportados.