Un constructor confiesa al juez que falseó facturas de Plaza para blanquear dinero
El empresario dice que en el fraude intervenían el exgerente Ricardo García Becerril y un aparejador imputado
Zaragoza. Francisco Hernández Fuertes declaró ayer durante más de dos horas ante el juez instructor del caso Plaza y una docena de letrados que ya están personados en la causa abierta por la presunta malversación de entre 50 y 100 millones de euros del erario público durante la urbanización de la plataforma logística. Francisco Hernández, que en su día fue dueño de la empresa –ahora quebrada– Construcciones Hernández Langa, contestó no solo a las cuestiones que le fueron formuladas sino que incluso introdujo detalles nuevos que nadie le había preguntado.
El imputado llegó al juzgado con la intención de ratificar la declaración que hizo hace tres meses, como testigo, ante la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía. Pero antes de hacerlo quiso dejar constancia de su malestar por haber sido llamado como imputado, ya que su único propósito, según explicó, es «colaborar» con esta investigación, pues ya «denunció» los hechos hace más de un año ante el actual gerente de Plaza, Jesús Andreu. No obstante, asumió que puede ser acusado de malversación y falsedad al revelar la forma en la que blanqueó dinero a través de facturas falsas que elaboraba él mismo, firmaba presuntamente el exgerente de Plaza Ricardo García Becerril y eran giradas a la UTE Acciona-MLN, que urbanizó la plataforma logística. «Todos estamos hartos de que durante mucho tiempo cuatro se hayan enriquecido haciendo cosas raras y ha llegado el momento de que las cosas se pongan en el lugar que corresponde. Que cada cual aguante su vela», manifestó. «Yo sigo viviendo en un piso alquilado, tengo un coche de 17 años y el chalé de la playa y la casa de la montaña existen solo en mi imaginación», ironizó.
Y, de momento, la vela más gruesa se la adjudicó a García Becerril y al amigo de este último, aparejador y también dueño de la constructora Micar, Miguel Ángel Cantero Molés. Francisco Hernández contó ante el juez, asistido por su abogado, Juan Rosa, que su pequeña empresa emitió a Plaza una veintena de facturas falsas por más de medio millón de euros. Los cargos se giraron tanto por las reformas que hizo en el piso de Salou de García Becerril y en el chalé de los padres de este como por obras inexistentes en la plataforma logística. «El único trabajo real que hicimos en Plaza fue al iniciarse la urbanización (entre 2002 y 2003)», recordó. Este consistió en la reforma de la antigua sede de la plataforma y costó unos 60.000 euros.
Francisco Hernández explicó con detalle en los pasillos de los juzgados de qué manera elaboraba las facturas para blanquear el dinero: el aparejador Miguel Cantero Molés le indicaba los conceptos y cantidades que debían figurar en las facturas. Cantero se presentaba con los talones –firmados por el propio Ricardo García Becerril– y una vez cobrados, Hernández entregaba el 66% en mano y en metálico al aparejador que, en teoría se lo repartía con el exgerente. El otro 33% y el IVA lo ingresaba su empresa, Construcciones Hernández Langa. El imputado cree que de esta forma facturó entre 300.000 y 400.000 euros a la UTE de Plaza.
«Todo el mundo lo hacía»
«Allí todo el mundo hacía facturas falsas para llevarse el dinero. Ellos se estaban haciendo ricos y yo estaba en tierra de nadie», señaló ayer. Añadió que él no se enriqueció por «tonto», por no «saber» hacerlo. «Nosotros fuimos la punta del iceberg», insistió.
Entre la veintena de facturas que el juez le mostró y reconoció como falsas, figura una girada a la empresa Balbino Vico, del grupo Codesport, de Agapito Iglesias. Según Hernández, ese documento contable se lo encargó el imputado Cantero Molés. «No estoy seguro de si es legal, pero he dicho en la sala que todo lo que venía de Cantero era más falso que las pesetas de Franco», espetó.
El ahora imputado no perdió la ocasión para salpicar en esta historia a un hostelero zaragozano con quien mantiene un enfrentamiento desde hace tiempo por un asunto que terminó en una condena de 18 meses de prisión para Hernández, pena que no llegó a cumplir al carecer de antecedentes. Ante los periodistas, manifestó que el dinero que blanqueó a través de las facturas falsas de Plaza fueron unos 400.000 euros que el hostelero supuestamente le pagó «en negro» por unas obras que hizo en 2005 en su negocio. Sin embargo, este empresario negó ayer categóricamente las acusaciones y afirmó que dispone de todos los documentos que demuestran que las obras tenían permiso municipal y proyecto del arquitecto y que incluso se dedujo estas mejoras. Añadió que está dispuesto a llevar esa documentación ante «quien la pida» y «cuando la pida».
El juez también llamó ayer a declarar como imputada a la contable y socia minoritaria de la constructora ahora quebrada, Carmen Castillo Arévalo. La mujer, al igual que Hernández, ya declaró en su día como testigo ante la Policía. Ayer, asistida por el letrado José María Lumbreras, aseguró que su trabajo se limitaba a hacer las facturas que le pedían y cobrarlas.
