El alcalde de Cosuenda exige a la DGA que "enmiende su error" sobre la torre 'Lisalta'

Varias decenas de cosuendinos se han concentrado este domingo frente a este torreón del siglo XV 'la Lisalta' en un abrazo simbólico a este monumento para exigir al Gobierno de Aragón que medie en el conflicto, entre el nuevo propietario y el Ayuntamiento, y la propiedad de este bien, catalogado como de Interés Cultural, vuelva a ser de la localidad.

El Torreón de 'la Lisalta', que era de titularidad eclesiástica, fue vendido a la familia Benedí Franco hace varias décadas, según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

En este período, el Consistorio insistió en varias ocasiones al titular para que le cediera la propiedad, basándose en informes de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno autonómico en los que instaban a esa cesión para poder restaurar el Torreón y su entorno.

Finalmente, tras producirse disputas en la familia Benedí en torno a la herencia y la propiedad de 'la Lisalta', el propietario lo vende a otro particular: un vecino de Murcia, que fue quien se puso en contacto con el Ayuntamiento el pasado 16 de octubre para informar de que había adquirido los más de 2.700 metros cuadrados que incluyen el Torreón y su entorno.

Por ello, el Ayuntamiento reclamó a la Consejería de Educación, Universidad, Cultura y Deporte que aplicara el derecho de tanteo o, en su defecto, delegase en el Ayuntamiento de Cosuenda.

No recibió contestación y la consejera, Dolores Serrat, afirmó en sede parlamentaria que el ejecutivo no iba a intervenir en una compraventa entre particulares si no había ningún indicador de que el bien corriera peligro, a pesar de que desde el pueblo se advierte de que el riesgo de ruina es inminente. Asimismo, señaló que la inversión no era prioritaria e invitó al Ayuntamiento a iniciar un procedimiento de expropiación.

Ante esta situación, el Consistorio cosuendino intentó negociar con el nuevo propietario la compra por el mismo precio al que lo adquirió --8.000 euros-- más los gastos de tasas, notario y registros, a lo que se negó, así que le dio un plazo de cinco meses para que presente un estudio para la conservación y rehabilitación de todo el área.

Así, el alcalde, Óscar Lorente, ha exigido al Gobierno de Aragón que "enmiende el error" que ha cometido e intermedie entre Ayuntamiento y propietario para que este Bien de Interés Cultural vuelva a venderse al pueblo en las mismas condiciones.

Tras la concentración, los vecinos han decidido mediante asamblea proceder a una recogida de firmas y solicitar un informe al Justicia de Aragón.