La dirección de Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), perteneciente en su mayoría al Gobierno de Aragón, ha denunciado el desfase de 17,8 millones de euros en la ejecución de 128 naves encargadas en 2005 a Codesport, la empresa matriz del grupo constructor de Agapito Iglesias, propietario del Real Zaragoza.

La denuncia va dirigida contra Ricardo García Becerril, exgerente de Plaza, por unos hechos que la actual dirección considera que podrían ser constitutivos, de forma indiciaria, de un delito societario de administración desleal y de otro de malversación de caudales públicos, según han informado este lunes fuentes del caso.

La denuncia, firmada por el actual gerente de Plaza, Jesús Andreu, pone en conocimiento del juzgado de instrucción de Zaragoza que el contrato de proyecto y obra bajo la modalidad "llave en mano" de las citadas naves se suscribió con Codesport por 14.523.227,70 euros, más IVA, tras el procedimiento de licitación, y sin embargo llegaron a abonarse 33.605.249,10 euros, más IVA.

Al ser un contrato "llave en mano", ni los pliegos, ni el contrato firmado entre ambas partes permitían la revisión de precios, según consta en la denuncia. Además, los pagarés se emitieron sin la autorización del Consejo de Administración y ni siquiera sin su conocimiento.

Únicamente, según la denuncia, se sometió al Consejo la licitación del contrato, así como las ofertas presentadas por tres empresas -una por 14,9 millones de euros, otra por 14,6 y otra por 14,5- siendo la adjudicación del contrato en 2005 a Codesport, la que presentó un precio más bajo.

La mayor superficie construida respecto de la ofertada podría llegar a justificar la liquidación de la obra "como máximo" por 18.148.020,53 euros, aplicando los precios fijados en la oferta adjudicataria, siempre según la denuncia.

No obstante, la suma de los importes de las certificaciones ordinarias emitidas durante la obra de las naves superó los 22 millones de euros, más IVA, lo que supone un incremento "indebido e injustificado" del 24,21 por ciento.

A esa cifra que ya superaba los 22 millones de euros se añadieron posteriormente otros pagos adicionales hasta alcanzar los más de 33 millones de euros, más IVA, y que, a juicio del actual Consejo de Administración, carecen de justificación, produciéndose un "notable perjuicio al patrimonio y capital social de la empresa".

La denuncia se produce después de que la actual dirección de Plaza, que tomó posesión en verano del 2011, detectara este desfase millonario y encargara un informe pericial que se trasladó a los servicios jurídicos, que consideraron que podría ser constitutivo de delito.

En el Consejo de Administración de la sociedad celebrado el 11 de diciembre se autorizó a los servicios jurídicos que actuaran de la forma que consideraran más efectiva para resarcir a la empresa de las pérdidas que podría haber sufrido como consecuencia de estos pagos y el día 13 de diciembre se presentó la denuncia, según dichas fuentes.

Este es el tercer asunto que está en los juzgados y que afecta a la gestión desarrollada por Plaza entre los años 2002-2011.

En el primero de ellos, que está en el Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, figuran imputadas ocho personas, acusadas de los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, blanqueo de dinero y falsificación que, supuestamente, se habrían cometido durante la urbanización de la plataforma, adjudicada a la UTE Acciona-Mariano Gómez Navarro y a la consultora Intecsa-Inarsa.

Se trata del exgerente Ricardo García Becerril, sus dos hijas, el empresario Miguel Ángel Cantero, los responsables de Acciona José María Jordán y Miguel Ángel Bretón, Nico Groeneveld, de la consultora, y el extécnico de Plaza Miguel Ángel Pérez.

En el segundo de los procesos se hallan imputados el que fuera viceconsejero del anterior Gobierno autonómico, presidido por Marcelino Iglesias, y consejero delegado de Plaza, Carlos Escó; el exconsejero delegado de la Corporación Empresarial Pública de Aragón Santiago Coello; y dos directivos de la Corporación por un presuntos delito de prevaricación.