El Ayuntamiento de Zaragoza reclamará a Tuzsa, anterior concesionaria del transporte público urbano, algo más de 51 millones de euros por haber imputado a la ciudad el incremento del coste de la mano de obra en las revisiones de precios y por los bonos gratuitos que la compañía proporciona a sus trabajadores.

El Gobierno de Zaragoza ha tomado la decisión tras conocer el resultado del informe sobre la revisión del equilibrio económico del contrato del transporte urbano, elaborado por la firma Moore Stephens LP, S.L, ha informado hoy en rueda de prensa el vicealcalde y consejero de Economía y Hacienda, Fernando Gimeno.

El informe realiza un análisis de los elementos que configuran las revisiones de precios de la contrata del transporte público colectivo de viajeros de Zaragoza, en liquidación, las facturaciones realizadas por Tuzsa en los últimos ejercicios, incluidas las revisiones de precios en aplicación de las condiciones contractuales aprobadas y contrastadas con la actual situación económica.

Para realizar este trabajo se ha utilizado como base jurídica el documento emitido en 2011 por la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, sobre las posibilidades de revisar el equilibrio económico en los contratos de larga duración del Ayuntamiento de Zaragoza (en el caso del transporte urbano).

Este estudio se realizó a su vez para determinar las consecuencias de la aplicación de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, que determina que en las revisiones de precios que hayan de realizarse a partir del 31 de abril de 2009 deberá excluirse el efecto de la variación de precios de la mano de obra.

Según Gimeno, la revisión afectaría a los años 2011 y 2012, que están sin autorizar, así como a la de 2009, cuando ya estaba en vigor dicha norma y que está pagada, pero no a la de 2010 porque ese año no hubo revisión de precios.

El Ayuntamiento calcula que la empresa adeuda al consistorio 30,6 millones de euros correspondiente a la imputación del incremento de la mano de obra, y la comparación si el importe obtenido supera el 85 por ciento del IPC en los años 2009 a 2013.

Además, le reclama otros 20,9 millones como consecuencia de la entrega de abonos a trabajadores y familiares de la empresa, cuyos importes no se actualizaron desde el inicio de la contrata, en el período comprendido entre 1982 y 2013.

El Gobierno de Zaragoza ya ha iniciado los expedientes correspondientes para proceder a la reclamación, uno por 30,6 millones y otro por 20,9, a los que la empresa podrá hacer las correspondientes reclamaciones.

Además, ha convocado la reunión de las comisiones para discutir con la empresa los criterios técnicos sobre las diferencias que existen en cuanto a las cuantías.

No obstante, Gimeno ha recordado que el proceso se dirimirá en los tribunales, dado que la empresa presentó una demanda contencioso administrativa para reclamar al Ayuntamiento 16 millones correspondientes a las revisiones de precios de 2011 y 2012, que están sin autorizar.