El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado una moción de IU, con el único voto en contra del PP, por la que se acuerda instar al Gobierno a la retirada inmediata del Proyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y a los diputados y senadores aragoneses a que voten en contra.

En su defensa de la moción, el diputado de IU, Pablo Muñoz, ha señalado que con esta ley "se reduce la democracia, se privatizan los servicios y se recorta socialmente a los ayuntamientos".

En este sentido, ha puesto como ejemplo que no se cree que el Gobierno de Aragón vaya a aportar dinero para la ayuda urgente por eso cree que lo que lleva implícito esta norma es "un recorte de la prestación social". Asimismo, ha asegurado que le hubiera gustado que el portavoz del grupo municipal PP y diputado en el Congreso, Eloy Suárez, hubiera explicado cuáles son los argumentos por los que hay que votar esta ley y "no ha habido ni un solo argumento" pero "hay silencios que a veces son muy elocuentes y casi pegan gritos".

Para el portavoz del PSOE, Carlos Pérez Anadón, es "una mala ley" para los ciudadanos, que van a tener menos servicios y más caros y no va a generar ahorros; para la institución, que va a estar menoscabada; y para los gestores.

Según Pérez Anadón, esta ley "cada rato nos va pareciendo una ley distinta y ya no sabemos lo que le puede gustar al PP, además de que, ha señalado, "está llena de sobresaltos", con una serie de cláusulas que impedirá que determinados postulados no entren en vigor hasta dentro de dos años, y también desde el punto de vista presupuestario.

El concejal del PP Pedro Navarro ha advertido que esta reforma "se va a hacer le pese a quien le pese" porque "racionalización y sostenibilidad también se puede dar en una administración pública" y ha apuntado que para privatizar y recortar en época de crisis "se bastan ustedes solos", en alusión directa a CHA e IU.

El portavoz de CHA, Juan Martín, ha asegurado no compartir el intento de privatizar lo público, que es lo que, según su opinión, conlleva esta ley, y además "por la vía encubierta y vergonzante" como es llevar a las diputaciones provinciales, que no tienen medios, la concesión de la prestación de esos servicios públicos.

Martín considera necesaria una reforma de la administración local pero "desde Aragón", y el proyecto de ley, a su juicio, "no respeta el modelo aragonés" y tampoco entra en el aspecto de la financiación.