El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha confirmado que el Ayuntamiento de Zaragoza no tiene legitimidad para personarse en el conflicto que mantienen los trabajadores de la nueva adjudicataria de los autobuses urbanos (AUZSA) y la empresa.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa el portavoz adjunto del PP, Pedro Navarro, quien ha criticado al equipo de Gobierno del PSOE por decidir personarse en el proceso sin contar con un informe jurídico, y a pesar de que su grupo ya advirtió de que no se podía.

Según Navarro, el Gobierno "lo que no quiere es asumir la verdad y que es el primer responsable" del conflicto generado por los 153 despedidos por la reducción de tres millones de kilómetros.

Por su parte, el portavoz de CHA, Juan Martín, en una comparecencia posterior, también ha constatado su opinión de que "ha sido un error" el planteamiento del PSOE porque se puede pedir comparecer en la causa o incluso acudir como testigo pero no personarse.

Martín ha instado al Gobierno a estudiar "con detenimiento" las acciones procesales a ejercer, ya que con esta decisión ha transmitido "una imagen de improvisación".

En este sentido el portavoz municipal, Fernando Gimeno, ha anunciado, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno de la ciudad, que a instancias del comité de empresa comparecerá como testigo en la causa la consejera municipal de Servicios Públicos, Carmen Dueso.

No obstante ha adelantado que van a decir lo mismo que si se hubieran personado en la causa y es que la empresa tiene que tener en los próximos dos años un volumen de contratación suficiente para garantizar el servicio, unos 123 trabajadores.

El edil ha asegurado no entender la postura de la empresa de no aceptar la oferta del Ayuntamiento de incrementar en 500.000 los kilómetros del servicio y ya advierte de que no admitirá un número de conductores por debajo de los que se consideran necesarios.

Gimeno ha reprochado a la empresa el problema que está generando pero también ha pedido una reflexión a los trabajadores para "no hacerle pagar a la ciudadanía sus problemas porque el Ayuntamiento está haciendo un esfuerzo muy importante para solucionar el conflicto".

Ha recordado asimismo que se está a la espera del informe técnico para saber si el ayuntamiento puede resolver el contrato administrativo con ADO, la nueva empresa a la que AUZSA ha vendido la adjudicación del servicio de autobuses.

Según Gimeno, los pliegos de la contrata exigen la autorización del Ayuntamiento para la venta para garantizar la solvencia de la nueva empresa, algo que no se ha producido en este caso.

La situación podría dar lugar a que el Ayuntamiento volviera a la ceder la contrata a la anterior adjudicataria, Tuzsa, durante un periodo de seis meses hasta la elaboración de unos nuevos pliegos.