La Unión de Consumidores de Aragón (UCA) tratará de llevar al Constitucional una sentencia que "avala la discriminación" al no considerar que una autoescuela discriminaba a las mujeres con una tarifa plana para jóvenes con precios superiores para este colectivo.

Así lo ha puesto de manifiesto el presidente de la UCA, José Ángel Oliván, con motivo de la sentencia emitida por el titular del juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Zaragoza, Javier Albar, que anula la sanción que Consumo impuso a una autoescuela de la capital aragonesa que ofertaba una tarifa de 665 euros para los chicos y de 850 para las chicas.

En total, la Dirección General de Consumo sancionó a tres autoescuelas que contaban con dieciocho sucursales y que ofrecían la misma publicidad, si bien solo recurrió la multa, de 4.000 euros, una de ellas.

Para Oliván, el juez no justifica "en absoluto, su resolución de no discriminación" porque se fundamenta en estadísticas "sin ningún rigor o prácticas mercantiles habituales", ya que utiliza datos de la Dirección General de Tráfico para justificar que el porcentaje de aprobadas a la primera en el carné de conducir es menor que la de los hombres.

En este sentido, Oliván recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya establecía que las estadísticas no son de aplicación en cuestiones relacionadas con la discriminación.

"Que un juez se haya basado en criterios aparentemente racionales como son las estadísticas obvia todo el corpus ideológico del cuerpo jurídico y trabajos sobre discriminación", ha advertido Oliván, quien ha manifestado su enfado e indignación por considerarla una sentencia "lesiva" para los intereses de las mujeres.

Tras ponerlo en conocimiento de los servicios jurídicos del Instituto Aragonés de la Mujer, el Colegio de Abogados se ha ofrecido a analizar la sentencia y ver de qué manera se puede elevar al Constitucional.

Y es que, se ha quejado el presidente de la UCA, a pesar de que el proceso sancionador se derivó de una denuncia suya no han podido tomar parte para argumentar su postura.

También cree que el Gobierno de Aragón no fue beligerante y "no defendió de forma más contundente los intereses de las mujeres".

Oliván ha subrayado que las discriminaciones se aceptan cuando sirven para corregir diferencias previas para acceder a un servicio, cosa que, a su juicio, no existía en el caso de la tarifa de las autoescuelas.