Servicios sociales

61 millones por la gestión de las residencias de Utebo y Movera

La DGA ofrece un máximo anual de 3,4 millones a la empresa que gestione la residencia de mayores de Utebo y de 2,7 para la de Movera y exige un mínimo de 84 trabajadores en la primera y de 65 en la segunda.

Residencia de Movera
La residencia de Movera ofertará 50 plazas menos que ahora
ASIER ALCORTA

Este lunes se publicó en el BOA la convocatoria de licitación de la gestión, por diez años, de las residencias de mayores de Movera y Utebo. Ambos centros pasarán a ser gestionados, antes de final de año, por empresas privadas.


La residencia y centro de día de Utebo se terminó en junio de 2012, tras casi una década de esperas. El espacio, previsto para 135 residentes dependientes y 30 usuarios del centro de día, lleva más de un año sin abrir sus puertas debido a la falta de presupuesto para dotarlo del equipamiento necesario.


La residencia de Movera, con más de 30 años de vida, no se adapta a la normativa actual de evacuación y seguridad ni a las necesidades de usuarios dependientes. El Gobierno de Aragón, según explicaron fuentes del IASS para justificar la privatización, no tiene recursos para abordar una obra integral.


Las empresas adjudicatorias deberán cargar con la adecuación de los edificios y dotarlos del equipamiento necesario. En los pliegos, la DGA calcula que el mobiliario de Utebo tendrá un coste de 1,5 millones de euros para la empresa que lo gestione, mientras que la intervención en el edificio de Movera, que deberá abarcar desde la planta sótano hasta la quinta, supondrá unos 2,4 millones.


El Gobierno de Aragón ofrece, en la convocatoria, un máximo de 3,4 millones anuales por la gestión de la residencia de Utebo (34,4 millones por 10 años) y de 2,7 millones anuales por la de Movera (26,9 en diez años), unas cifras que podrían menguar según las ofertas que presenten las empresas interesadas. En total, la cesión de la gestión de ambas residencias por diez años supondrá un desembolso a la Administración de unos 61,3 millones de euros.


Además, el IASS exige en los pliegos, como mínimo, la contratación de 65 trabajadores en el centro de Movera (ahora cuenta con más de 130) y de 84 en el de Utebo, y valorará de forma positiva la colocación de interinos.


Traslado de Movera a Utebo

Los 134 residentes actuales de la residencia de Movera serán trasladados "de forma temporal" a la de Utebo y, según apuntaron las fuentes del IASS, tendrán "absoluta prioridad a la hora de volver a Movera tras las obras". Sin embargo, este centro pasará a ofrecer tras la rehabilitación 85 plazas (todas para personas dependientes), es decir, 50 menos que ahora. Ante esta diferencia de plazas, las mismas fuentes pidieron este verano "no adelantar acontecimientos" y destacaron "la calidad y el lujo" de las instalaciones de Utebo. Citaron, además, el ejemplo de Teruel, donde se trasladó a los ancianos de la residencia Turia a la de Javalambre y, según argumentaron, después "no querían volver" y ahora "están encantados". Ese caso terminó con el cierre de la residencia Turia, que pasó a ofrecer servicios únicamente como centro de día.


Desde la Plataforma en Defensa de los Mayores de Aragón (Plademar), denuncian las repercusiones que pueden tener los traslados en la salud de los más débiles mientras que los residentes se muestran preocupados por la distancia que separa Utebo de Movera "no sabemos si podrán venir a vernos o no", lamentaba a Heraldo.es un residente de 67 años. A algunos, según confirman desde Plademar, les han ofrecido elegir, si lo prefieren, plazas en otras residencias más próximas dentro de la red del IASS.


La portavoz de Sanidad de IU Aragón manifestó, por su parte, que su formación no comparte la decisión de privatizar la gestión de un servicio que hasta ahora ha llevado directamente la Administración.


La gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Cristina Gavín, explicó en julio a HERALDO DE ARAGÓN que, con la privatización de la gestión de Movera, el IASS prevé ahorrar 2,1 millones de euros anuales, ya que esta residencia suponía a la Administración un desembolso anual de 4,8 millones.