La DGA se personará en la causa judicial abierta por presunta malversación en Plaza

El actual gerente de la Plataforma Logística de Zaragoza, Jesús Andreu, fue una de la personas que denunció ante la Fiscalía Anticorrupción las supuestas prácticas corruptas y de malversación que se investigan en la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza).

Así lo ha explicado este jueves el consejero de Obras Públicas, Rafael Fernández de Alarcón, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde el ejecutivo ha tomado la decisión de personarse en la causa judicial abierta por supuesta malversación de cincuenta millones de euros, y de proponer este viernes, en el Consejo de Administración de la sociedad, que ésta se persone también.

La operación se destapó el pasado 14 de agosto por parte la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que abrió diligencias para investigar las obras de urbanización llevadas a cabo en la plataforma logística entre 2002 y 2011 y en la que hay tres imputados.

Se trata del exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, del director técnico de obra de Intecsa-Inarsa, Nico Groeneveld, y del director técnico de la plataforma, Miguel Ángel Pérez.

Precisamente será este viernes, en el Consejo de Administración, cuando se conozca la decisión que se toma respecto a éste último, de entre las alternativas que maneja el gobierno pero que Fernández de Alarcón no ha querido avanzar.

"Por supuesto que se tomará alguna medida", se ha limitado a decir en la rueda de prensa, donde ha asegurado que adoptar medidas respecto al director técnico es competencia del Consejo de Administración.

En su reunión de este jueves, el gobierno ha aprobado dar órdenes a los consejeros que pertenecen al Consejo de Administración de Plaza para que este viernes voten a favor de que la sociedad, de la que es propietario el ejecutivo en un 51 por ciento, se persone en la causa abierta en la Fiscalía Anticorrupción.

Fernández de Alarcón ha rehusado dar muchos datos acerca de la operación, escudándose en que está bajo secreto de sumario, y también ha rechazado decir quiénes son las otras personas que denunciaron ante la Fiscalía porque "no son de la competencia" del gobierno.

Ha añadido que el Gobierno de Aragón fue informado a finales del mes de mayo de la existencia de supuestas irregularidades en determinadas obras de Plaza en el periodo 2002-2011.

Los documentos e informes que así lo apuntaban fueron puestos en conocimiento de la Dirección General de Servicios Jurídicos, y el ejecutivo decidió comprobar "técnicamente" alguno de estos hechos.

Los antecedes y parte de la documentación, según Fernández de Alarcón, revelaron la existencia de determinadas prácticas en Plaza que habrían supuesto "perjuicio económico severo y continuado" a la comunidad autónoma y a la sociedad.

El Gobierno de Aragón, ha dicho, dispone de "un montón" de informes que serán presentados "en el momento procesal oportuno".

El consejero ha concluido que las auditorías técnicas que se han hecho hasta ahora sobre la actividad de Plaza deberán de ser completadas con auditorías físicas, pero no ha concretado nada más.

Finalmente, Fernández de Alarcón ha calificado los hechos de "lamentables" y, en este sentido, ha asegurado que él trabaja para cumplir su deber de "defender el patrimonio de los aragoneses". "No quiero hacer ninguna otra consideración", ha concluido.