Lo que comenzó con lío, con lío ha acabado. El Ayuntamiento acordó el pasado mes de mayo derogar la ordenanza cívica, a pesar de que había entrado en vigor hacía apenas cuatro años. Sin embargo, el dictamen que salió aprobado, no sin suspense, contenía dos puntos que se contradecían entre sí sobre el momento en el que la norma iba a quedar anulada definitivamente.

Ante este error, reconocido por el propio Consistorio de Zaragoza, las sanciones que han llegado por incumplimientos de la ordenanza se han bloqueado, ya que los servicios jurídicos consideran que los infractores podrían haber recurrido.

Así, las multas que han ido llegando durante estos meses se han dejado encima de la mesa. Fuentes del equipo de gobierno municipal afirman que las infracciones no son demasiadas, y que entre todas suman una cuantía de en torno a unos 1.000 euros. Además, apuntan que, una vez que esta semana se ha solventado el error, su tramitación va a seguir adelante, por lo que acabarán llegando próximamente a los domicilios de los infractores.

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