En 2012

Más de medio millar de aragoneses renunciaron a una vivienda protegida

El año pasado se produjo una renuncia por cada tres adjudicaciones, mientras que en 2011 fueron casi tantos los que aceptaron un piso como los que lo rechazaron. Este año ha cambiado el proceso para facilitar el acceso.

Un edificio de VPO, en Huesca
Más de medio millar de aragoneses renunciaron a una vivienda protegida en 2012
J. BLASCO

Más de medio millar de aragoneses renunciaron a lo largo de 2012 a una vivienda de protección oficial después de que les hubiera sido adjudicada, mientras que fueron 1.768 las que encontraron propietario durante este periodo. El número de renuncias a estos pisos es el más bajo de los últimos años, mientras que el de adjudicaciones solo fue inferior en 2011, cuando fueron casi tantos los que rechazaron una VPO como los que aceptaron comprarla: 1.247 por 1.281, respectivamente. Durante el año pasado disminuyeron las renuncias y tan solo se registraron 576, una consecuencia de la caída tanto de la oferta como de la demanda de este tipo de inmuebles. Los motivos económicos y las dificultades para obtener financiación son algunas de las principales causas.


Desde el año 2006 hasta ahora se han producido casi 9.000 renuncias a una vivienda de protección oficial en Aragón, aunque las cifras más altas llegaron en los primeros años de la crisis, 2.008 (1.712) y, sobre todo, 2.009, cuando se dieron 2.134. Desde entonces, el estallido de la burbuja inmobiliaria y la drástica reducción de la actividad del sector han provocado que se construyan menos viviendas y que haya menos aragoneses dispuestos a adquirirlas. De hecho, mientras en 2006 y 2007 se adjudicaban alrededor de 4.000 anuales, la cifra cayó en 2008 (2.680) y 2009 (2.161) para volver a alcanzar las 3.735 en 2010 -gracias a Arcosur-, mientras que en 2011 el número de adjudicaciones fue el más bajo desde 2005.


La cada vez menor diferencia de precio entre la vivienda libre y la protegida, así como el fin de algunas de las ayudas y beneficios que obtenían los compradores de VPO y las restricciones de precio y requisitos que deben cumplir los aspirantes han hecho de ésta una opción cada vez menos atractiva para los aragoneses. Incluso para los constructores, que durante los últimos años habían levantado más edificios de pisos protegidos que libres, mientras que el porcentaje de licencias para VPO en Zaragoza apenas alcanzó el 38% el año pasado. Según datos del Ayuntamiento recogidos por la Federación de Empresas de la Construcción de Zaragoza, en la capital aragonesa se concedieron permisos para 759 edificios, de los que 469 eran para vivienda libre y 290 para inmuebles protegidos.


El cada vez menor atractivo de las viviendas de protección lo constataba incluso el Defensor del Pueblo en uno de sus últimos informes, en el que criticaba que más de medio millar de estos pisos estaban vacíos en Aragón. Esta institución, que realizó un informe con datos de los diferentes gobiernos autonómicos para denunciar que resulta “ineficiente y poco aceptable” que haya pisos desocupados mientras “decenas de miles de personas padecen la falta de un domicilio adecuada”, aseguraba que el 12% de las viviendas protegidas de promoción privada que se han construido en la Comunidad entre 2009 y 2012 no han sido adjudicadas.


Cambio de normativa

Ante la caída de la demanda de VPO, el Gobierno de Aragón ha decidido cambiar el sistema de adjudicación para agilizar los procedimientos de compraventa y arrendamiento, favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, facilitar la salida al mercado de las existencias de viviendas vacías y simplificar y agilizar la gestión administrativa.


Estas medidas implican la suspensión del registro de viviendas protegidas durante un año, por lo que ya no es necesario inscribirse en las oficinas del Toc Toc para acceder a uno de estos pisos, aunque sí se deben cumplir con los requisitos estipulados para estos casos. Ahora, son los en el promotores o las cooperativas quienes seleccionan directamente a los compradores o arrendatarios, con lo que desaparece el régimen de sorteo u otros sistemas alternativos.


Eso sí, los aspirantes deben cumplir los requisitos marcados por la Administración: ser mayor de edad y estar empadronado en la Comunidad, necesitar una vivienda y que sus ingresos no sean mayores que 6,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) o 2,5 si son viviendas de régimen especial.


Otras modificaciones

Además del acceso, también se han modificado otros aspectos, como algunos casos de infracción. Hasta ahora no estaba permitido que un beneficiario de vivienda protegida no la ocupase en el plazo de seis meses, lo que ahora será posible en determinadas circunstancias.


Por ejemplo, en caso de enfermedad grave del propietario o sus familiares cercanos o de cambiar de localidad de residencia por haber encontrado trabajo en otro lugar, motivos por los que se puede solicitar un permiso de dos años que se podrá prorrogar.