El Ayuntamiento de Zaragoza aprobó definitivamente el pasado 28 de junio el Reglamento de Viajeros del Servicio Público de Transporte Urbano por Autobús en Zaragoza.

La norma, cuya aprobación inicial tuvo lugar en marzo de este año, ha creado una intensa polémica respecto a dos puntos principales: la fijación de la cifra máxima de cambio aceptada por los conductores para el pago de los billetes sencillos y la posibilidad de que los animales suban a estos vehículos públicos.

Aunque en marzo el cambio máximo se fijaba en 20 euros, finalmente el reglamento establece que los conductores aceptarán billetes de 10 euros y, para cantidades superiores, extenderán un talón que podrá ser canjeado en la cabina de inspección de la plaza de Aragón de la capital aragonesa.

Respecto a los animales, la norma permite definitivamente la presencia de perros guía y de asistencia, además de otros animales de pequeño tamaño siempre y cuando vayan en "receptáculos idóneos" y "no produzcan molestias por su olor o ruido". En septiembre, el Consistorio planteó la posibilidad de la presencia de perros grandes con correa en el transporte urbano, pero la polémica suscitada ha terminado en una norma mucho más restrictiva.

Tras la propuesta inicial de marzo, el Ayuntamiento abrió un periodo de alegaciones en el que diferentes asociaciones de consumidores, entidades u organizaciones vecinales y ciudadanas, además de personas individuales han podido proponer sus cambios. Finalmente la norma entrará en vigor a principios de agosto.

Entre los principales reclamos, han sido rechazadas la posibilidad de acceder a los vehículos por la puerta central, la propuesta de que el pleno del Ayuntamiento sea el que fije las tarifas del servicio o la obligación de la adhesión a la Junta Arbitral de Consumo para la mediación en los conflictos entre la empresa y los usuarios, entre otros.

Una solución intermedia para los cambios

El comité de empresa de Tuzsa, concesionaria del transporte público de la ciudad, presentó varias alegaciones a la norma pidiendo fijar el cambio máximo en 5 euros, con la posibilidad de dar un cheque canjeable para billetes de 10 euros. Algo que definitivamente no se ha cumplido, buscando una solución intermedia entre esta opción y la de las asociaciones vecinales que pedían la ampliación del cambio.

Los trabajadores propusieron también que los viajeros pudieran subir y bajar por la puerta del centro, colocando nuevas máquinas validadoras en este lugar para facilitar el acceso de sillas de ruedas y bebés, iniciativa que también ha sido desestimada. Tampoco se acepta la limitación del número de bultos por usuario. Por último, pedían que solo los perros guía pudieran subir a los autobuses, rechazada en favor de la presencia de animales en transportín.

La petición aceptada, y compartida por varias entidades, es la elevación de la edad para poder acceder al autobús sin acompañantes, que se concreta en la eliminación del mínimo de 5 años y deja bajo la responsabilidad paterna los viajes en solitario de los niños. Además se ha estimado regular con una marca horizontal a la entrada del autobús "el límite de seguridad, delimitando la zona en que no se puede llevar más viajeros".

La asociación de consumidores 'Torre Ramona', descontenta

Desde la asociación de Consumidores 'Torre Ramona' critican principalmente la falta de comunicación con las asociaciones ciudadanas para temas tan importantes como la modificación de horarios y frecuencias. Y es que una de sus alegaciones desestimadas pedía una audiencia previa para la modificación de horarios y frecuencias con "asociaciones de vecinos y consumidores". Finalmente el reglamento asegura que la facultad de modificar estos factores "es una potestad del Ayuntamiento que ha de ir ligada a motivos de interés público". La entidad reivindica que "en muchas cosas estas organizaciones conocen mejor el 'interés público' que las propias instituciones".

La asociación 'Torre Ramona' ha conseguido que algunas de sus propuestas, como la concreción de los términos en que se devolverá la fianza de la tarjeta bus, se incluyan en el texto definitivo. Por el contrario, se ha rechazado su petición de que los menores de 5 años y sus acompañantes tengan preferencia ya que estos "no suelen ser considerados de atención preferente". Tampoco se admite el establecimiento de un número máximo de perros en un vehículo ni la preferencia de los perros guía o de asistencia sobre el resto.

Su principal reivindicación, que consistía en la adhesión de la empresa concesionaria a la Junta Arbitral de Consumo para la resolución de conflictos, se desestima ya que "es voluntario, no pudiendo ser impuesto de forma obligada, ni a la empresa ni al usuario, por vulnerar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 de la Constitución española, tal como ha declarado el Tribunal Constitucional". Desde la asociación reclaman que "sería significativo que las empresas que están más cerca de la Administración dieran ejemplo".

Entre sus demandas también se ha estimado la obligatoriedad de que el conductor acerque lo máximo posible el vehículo a la parada para favorecer la accesibilidad, pero se ha rechazado dar prioridad a los discapacitados, "puesto que existe ya el transporte específico de minusválidos y el bus es un transporte de uso general".

Por último, y aunque no se encontraba entre sus propuestas, afirman estar en desacuerdo con el cambio máximo de10 euros y con los nuevos cheques ya que "complican la vida de la gente haciéndoles acudir a las oficinas de Tuzsa a por los cambios, especialmente para los que están de paso por la ciudad y no tienen forma de canjear el importe".

Un reglamento "adecuado" para la FABZ

Desde la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza consideran que la nueva norma es "en general correcta, adecuada, aunque se podría haber aceptado alguna más de sus alegaciones".

Entre las peticiones rechazadas destacan la importancia de incluir una mención a la posibilidad de una "gestión directa del servicio de transporte", la opción de entrar y validar por las diferentes puertas y no solo por la delantera, así como  ue las tarifas fuesen aprobadas por el pleno del Ayuntamiento para hacerlas "más democráticas".

Las alegaciones aceptadas exigen que se informe de los contenidos más relevantes de este reglamento en los autobuses y marquesinas, además de la eliminación de la edad mínima de 5 años para poder acceder al autobús sin acompañantes.

Su presidente, Félix Moreno, critica la fijación del cambio máximo de 10 euros y la implantación de los cheques porque "el máximo de 20 euros facilitaba mucho más el servicio, especialmente a usuarios de fuera, y sobre todo ahora que el 80 o el 90% de los usuarios utiliza bonos de transporte o la tarjeta ciudadana y por tanto el conductor no tiene que cargar con tanta responsabilidad de dinero".

La ONCE, entre los más satisfechos

La delegación aragonesa de la ONCE es la asociación más satisfecha con la nueva norma, ya que se han estimado todas las alegaciones que hicieron al reglamento inicial excepto una.

Desde esta organización pidieron, con éxito, que las personas con ceguera o deficiencias visuales pudieran utilizar la puerta de entrada como salida, con preferencia sobre los viajeros que esperan para subir con el fin de "reducir sus desplazamientos por el interior del autobús". Además, han conseguido que la información sobre el servicio esté disponible en los formatos adecuados para cualquier persona. Y han logrado que la norma obligue a avisar con antelación a personas con deficiencias visuales de cualquier desvío, cambio de parada, etc., para "evitar riesgos en el descenso del autobús".

Sin embargo, el reglamento definitivo desestima la alegación propuesta por la ONCE para que cuando en una parada se junten varios autobuses, el segundo espere a que el primero arranque para estacionar y dejar o recoger viajeros en el lugar marcado para ello. Los motivos para el rechazo de esta propuesta se basan en la agilidad del servicio.

Aunque dicen estar "más que satisfechos, ya que las instituciones no suelen hacer caso en el tema de la accesibilidad", reconocen que esta última petición era de las más importantes para la organización. "En otras ciudades la calidad del servicio tiene en cuenta cosas como esta mientras que aquí se mide solo por el cumplimiento de las frecuencias", añaden.

"Esa lucha es la que mantenemos día a día y no se acabará nunca. Las administraciones primero no cumplen con la normativa y segundo les falta sensibilidad", concluyen desde esta asociación.