Adif externalizará el aparcamiento de la estación intermodal

La empresa pública Adif ha licitado el concurso público por el que externalizará la gestión y explotación en bloque de los 72 aparcamientos que suman sus 51 estaciones de tren principales por un importe máximo de 136 millones de euros. Entre ellas se encuentra la estación intermodal de Delicias, en la capital aragonesa.

El plazo de concesión de los contratos oscilará entre los cuatro y los diez años. El importe del contrato se moverá entre los 66,6 millones para la duración mínima de cuatro años y los 136 millones para el período máximo de diez ejercicios. Esta cartera de aparcamientos generaron una facturación de unos 30 millones de euros a lo largo de 2012.

Con este proceso, la compañía cederá la explotación de más de 22.000 plazas de aparcamiento que suman estos párquines, utilizadas fundamentalmente por los usuarios del ferrocarril. La adjudicataria explotará los aparcamientos por su cuenta y podrá realizar otras actividades asociadas como el lavado de coches y cargas eléctricas, excluyendo la explotación publicitaria.

La medida se enmarca en el plan de racionalización de activos puesto en marcha por Adif, ente público promotor de las líneas AVE, "con el fin de reducir costes y lograr ingresos adicionales para invertir en infraestructuras ferroviarias", señalan desde el ente público.

Fibra óptica privatizada

La compañía también prevé ceder a la iniciativa privada su otra 'joya de la corona', su red de fibra óptica, un tendido de 16.000 kilómetros de longitud que se extiende a lo largo de las líneas del tren y conecta las principales ciudades españolas. Adif prevé obtener entre 500 y 600 millones de euros con estos dos contratos de concesión.

Además de externalizar la explotación de sus activos no ferroviarios, el plan de racionalización de Adif contempla también la venta mediante subasta pública de unas 400 estaciones de tren en desuso para el tráfico ferroviario y de varias viviendas.

14.000 millones de deuda

Con estas iniciativas, la compañía pública, que soporta una deuda de unos 14.000 millones de euros, busca poner en valor todos aquellos activos "no directamente relacionados con la actividad ferroviaria", con el fin de centrar "todos los esfuerzos en la función principal, la construcción, mantenimiento y explotación de líneas de tren".