Las familias de unos 300 niños de barrios rurales y pueblos del entorno de Zaragoza y de Calatayud recibieron la noticia la última semana de clase de que el próximo curso se quedaban sin transporte y comedor gratuito. La DGA había decidido hacer otra interpretación de la normativa sobre ayudas al transporte escolar y el comedor.

Hasta ahora se aplicaba la Orden de 2003 sobre la organización de transporte escolar que establecía que todas las familias que no tienen colegio público en su localidad tienen derecho a transporte y comedor gratuito, así como aquellas "que la Administración determine excepcionalmente por razones de escolarización". En esa excepción se entendía la situación de niños que están escolarizados en centros a más de 4 kilómetros de su domicilio y en situaciones de dispersión geográfica.

La nueva orden, cuyas instrucciones se publicaron el pasado 12 de junio, establece que "si en el núcleo de población donde reside el alumno hay un centro educativo, no tendrá derecho a transporte gratuito, aunque esté situado a más de 4 kilómetros". Y en el caso de que no haya colegio en su población y se desplace a otra localidad, solo tendrá ayuda si tiene que desplazarse a más de 4 kilómetros".

Con estas instrucciones, se quedaban sin ayuda más de 300 alumnos de Garrapinillos, Movera, Monzalbarba, San Juan de Mozarrifar, Pinseque, San Gregorio y varios núcleos del entorno de Calatayud, según cálculos de los afectados. Sin embargo, tras las protestas de las familias afectadas, FAPAR y la Plataforma por la Defensa de la Escuela Pública, el Departamento de Educación ha rectificado.

Ruta sí, comedor no

En los últimos días, la DGA ha comunicado a los centros y las familias que se mantiene la ruta escolar gratis excepcionalmente un curso más en los centros del entorno de Zaragoza, pero no el comedor. "Después no tendrán derecho a transporte y comedor gratuito. Para el próximo curso, si quieren, podrán organizar y pagar su propia ruta escolar, como hacen los padres de algunos colegios de la zona de la Romareda", explican fuentes de Educación.

Este viernes hay convocada una reunión en el Servicio Provincial de Educación con FAPAR y familias afectadas para tratar este tema. Los padres reivindican la continuidad del transporte y el comedor gratuitos en las mismas condiciones que hasta ahora.

"Pedimos transporte y comedor para todos los que vivimos diseminados independientemente del kilometraje para que nuestros hijos puedan acceder a la escuela pública en las mismas condiciones que los niños del entorno urbano. En el colegio Gustavo Adolfo Becquer de Garrapinillos la mitad de los alumnos viven diseminados, algunos a 1,5 kilómetros y otros, como los que vivimos en Bohalar, a 18 kilómetros. No tenemos transporte público para ir al colegio y algunas familias tampoco tienen coche", explica Sara Serón, portavoz de la Asociación de Padres y Madres del colegio. La asociación estudia presentar un recurso.

"Consideramos que es un ataque más de los que está recibiendo la escuela pública y que en este caso impedirá el derecho fundamental que tienen estas familias a la educación de sus hijos. No entendemos que se apliquen las normas en educación con carácter estrictamente economicista, porque demuestra una nula sensibilidad por parte de la Administración", afirman desde FAPAR.

Recurso de los padres de San Gregorio

Los padres de los 42 niños afectados por el recorte en San Gregorio presentaron la semana pasada un recurso contencioso administrativo contra la decisión del Departamento de Educación y han solicitado la suspensión cautelar de las medidas propuestas por la DGA. Estos niños se desplazan al colegio de Parque Goya y la DGA argumenta ahora que como están a 2 kilómetros de distancia no tienen derecho a ayuda. Aunque excepcionalmente también mantiene el autobús gratuito un curso más.

"En el barrio había un colegio, el Guillermo Doñate, que la DGA decidió cerrar hace diez años. Entonces se estableció que las familias de San Gregorio tendrían transporte y comedor gratuito para ir a Parque Goya. La eliminación de la gratuidad del transporte y el comedor afecta al derecho fundamental de la educación e incumple la Ley de Educación, que garantiza la igualdad de oportunidades en el medio rural", explica el abogado Germán Gorgés. Esperan recibir en los próximos días la respuesta a su petición de suspensión cautelar de la eliminación del comedor y transporte gratuitos.