Más de 300 niños de núcleos rurales tendrán que empezar a pagar el comedor escolar el próximo curso sin ninguna opción para volver a comer a casa al mediodía. 

Arancha y su marido son los padres de uno de esos niños. Viven en la barriada de Torre Medina, en el término de Garrapinillos. Ella trabaja algunas horas al día embolsando fruta, pero solo mientras dure la temporada, "luego ya veremos". Él es transportista, pero está en el paro desde hace tres meses. Tienen una hija de siete años que estudia en el colegio público más cercano a su casa: el CEIP Gustavo Adolfo Bécquer, a seis kilómetros de distancia.

Hasta ahora, todos los niños de los barrios rurales de Zaragoza que viviesen a más de cuatro kilómetros del colegio público que les corresponde, aunque estuviese dentro de su misma localidad, tenían transporte escolar gratuito y, asociado a este servicio, comedor gratuito porque no había rutas de ida y vuelta al mediodía. El próximo curso ya no. 

El 13 de junio la dirección provincial comunicó a los centros escolares de los núcleos rurales la supresión del servicio de transporte y, por tanto, del comedor, para las familias que viviesen dentro de esa localidad sin tener en cuenta la distancia. Los padres de los más de 300 niños que perderán este derecho en los colegios de Movera, Montañana, Monzalbarba, San Juan de Mozarrifar, Pinseque y Garrapinillos no saben cómo van a arreglárselas el próximo curso.

96 euros mensuales de comedor

Los problemas son muchos. Arancha y su marido tienen suerte dentro de lo que cabe porque debido a las "singularidades" de Garrapinillos se mantendrán las cuatro rutas escolares de forma gratuita "excepcionalmente", es decir, un año más. Sin embargo, su hija seguirá obligada a quedarse al mediodía en el colegio y tendrá que empezar a pagar el comedor -no hay zona habilitada para 'tuppers'-. Este año el servicio costaba 96 euros al mes. Con su marido en el paro y su precario trabajo Arancha no sabe de dónde más recortar: "Este año ni la habíamos matriculado a las extraescolares porque no podíamos afrontar el gasto. Y ahora de repente nos informan de que tendremos que empezar a pagar el comedor. Al priorizar estamos rebajando la calidad de vida de mi hija".

Los padres recibieron la mala noticia tres días antes de que finalizase el plazo para solicitar las becas de comedor. Unas becas que este año exigen unos ingresos máximos de 533 euros al mes por núcleo familiar y que se basa en los ingresos de 2011. Arancha la ha solicitado pero sabe que no cumple los requisitos porque aquel año tenían trabajo. El problema lo tienen ahora.

Lo mismo le sucede a Mónica, una madre soltera de 39 años con discapacidad absoluta y que vive con su hijo de siete años en el Club Bohalar, a 15 kilómetros del colegio de Garrapinillos y sin transporte público. Su estado de salud -operada del corazón y, como ella dice, "en la UVI cada dos por tres"-, le impide trabajar y cobra una pensión de 630 euros al mes, por lo que no cumple los requisitos para solicitar la beca de comedor. Su hijo y los otros 20 niños que viven en el Club Bohalar tendrán transporte hasta el cole un año más, pero deberán afrontar el gasto mensual de comedor, al igual que los más de 60 que acuden al mismo centro desde la base aérea de Zaragoza -a 12 Km del colegio-.

"Yo no voy a poder pagarlo -lamenta convencida Mónica-, cada mes es un suplicio, mi madre nos tiene que ayudar con la comida y hasta he llegado a dejar de comprar medicación para alimentar a mi hijo. Estoy muy preocupada, faltan tres meses para que empiece el curso y cada día intento ponerme la sonrisa y sé que hay gente mucho peor que yo pero no voy a poder pagar el comedor y me siento muy desamparada".

Tampoco autobús

En Pinseque la medida es más radical. La consejería no ve "singularidades" en este núcleo rural por lo que directamente suprime el servicio de autobús escolar y la gratuidad del comedor a los 102 niños que viven a más de 4 kilómetros del colegio y que tendrán que buscar una nueva forma de llegar al cole. "Las familias que no tengan medio de desplazamiento no sabemos cómo lo van a hacer", confiesa el director del CEIP Miguel Artigas.

Los residentes en Prados del Rey, a cinco kilómetros del centro escolar, están indignados por la falta de tiempo de reacción. Begoña es una de ellos y señala: "Matriculé a mis dos hijas pensando que tendrían transporte y comedor y ahora me entero de que no. Si lo hubiese sabido igual hubiese decidido llevarlas a otro colegio donde tuviese algún conocido cerca que pudiese ir a por ellas si les pasase algo porque yo trabajo a 30 Km de Pinseque". Begoña tendrá que conducir cada día 10 Km más para llevar y recoger a sus hijas y pagar 200 euros mensuales por el comedor. Los mismo les ocurre a las otras 102 familias, si es que tienen coche.

Los consejos escolares y las asociaciones de padres ya han empezado a movilizarse contra esta repentina medida. Este jueves, representantes de la Plataforma por la Defensa de la Escuela Pública y de Fapar celebraron una asamblea con los afectados en el colegio de Garrapinillos y dieron una rueda de prensa posterior. Entre las acciones a desarrollar se han fijado: buscar el apoyo de las juntas vecinales y de los ayuntamientos "porque si un centro pierde servicios los pierde el pueblo entero", pedir una cita con la directora del servicio provincial, el envio de cartas individuales de todos los afectados, concentraciones frente al departamento de Educación y llevar una moción a las Cortes a través de CHA e IU. La semana que viene se reunirán todos los consejos escolares afectados para diseñar la hoja de ruta a seguir.