Los propietarios se blindan ante la morosidad de los inquilinos

Aquellas personas que cuentan con un piso en propiedad y desean alquilarlo sufren desde que comenzó la crisis económica un doble quebradero de cabeza. A las importantes rebajas en el precio del arrendamiento que han tenido que ofrecer tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, se une en los últimos años la inquietud a la hora de cobrar la mensualidad.

La morosidad de los inquilinos de viviendas se ha disparado desde 2008, y los propietarios intentan tomar medidas. El blindaje a estos pagos se ha acentuado este año, con la aparición de numerosos registros de morosos, productos de garantía de cobro e iniciativas por parte del propio Gobierno central.

En Aragón, el nivel de morosidad es notablemente inferior al del conjunto del país. En todo caso, el importe medio adeudado en la Comunidad ascendía en 2011 a 3.477 euros, lo que representa un incremento del 14% respecto al año anterior. Los territorios que peor índice de impagos presentan son, lógicamente, aquellas regiones con precios de alquiler más altos, como Madrid, País Vasco y las Islas Baleares.

Con todo ello, España presenta un impago medio de 8.312 euros, según los datos del Fichero de Inquilinos Morosos (FIM), principal registro de la morosidad en el país, que sirve de termómetro para medir esta problemática.

Se trata de uno de los archivos que contiene información sobre arrendamientos impagados, tanto de personas físicas como jurídicas, aportada por los propios arrendadores y profesionales. Contiene a su vez datos procedentes de sentencias judiciales por desahucio.

Pero no es el único. Existen otros portales como Registro de Inquilinos, e incluso el Ejecutivo central prepara el suyo propio, medida incluida en la nueva Ley de medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler de Viviendas. Sin embargo, este fichero solo recogerá aquellos casos que contemplen una sentencia judicial, lo que “solo representa el 10% de la morosidad real”, en declaraciones de esta semana del nuevo director de Estudios y Calidad del FIM, Sergio Cardona.

A través de estos ficheros, los propietarios pueden obtener información sobre sus inquilinos, y asegurarse de esta forma de que no tienen 'antecedentes' de malos pagadores. Un mecanismo cuya legalidad se ha puesto en tela de juicio en alguna ocasión. La organización de consumidores Facua critica que el nuevo registro del Gobierno es “injusto ya que no se tienen en cuenta las dificultades de la actual coyuntura económica”.

Facua ve “aberrante” que los arrendadores vayan a tener acceso a un listado en el que puedan aparecer registradas personas que “no hayan podido hacer frente a sus rentas de alquiler de forma puntual”. Las principales quejas pasan por las dudas que generan estos sistemas en lo que a protección de datos se refiere o cuánto tiempo debe transcurrir hasta que una persona puede 'salir' del listado.

Garantías de pago

Con todo, los propietarios buscan fórmulas para garantizar el pago de sus arrendamientos. Una de las más extendidas es la contratación de un seguro de cobro. Las principales aseguradoras ofrecen este tipo de servicios a cambio de una comisión. O lo que es lo mismo, quien oferta el piso recibe menos al mes, pero lo recibe.

A este mercado se han unido empresas intermediarias y las propias compañías inmobiliarias. Además, se incluyen coberturas por destrozos o conflictos vecinales. Existen productos de este tipo por unos 500 euros al año, cantidad que muchos propietarios están dispuestos a pagar.