El certificado energético desata una guerra de precios con rebajas del 80%

Surgen cupones de descuento, intermediarios, subastas donde pujar por el mejor precio y revisiones "desde casa". La DGA sigue sin registro oficial tras 15 días y estudia si cobrar por el papeleo.

Subasta de certificados energéticos
Subasta de certificados energéticos

La obligación de contar con un certificado energético para vender o alquilar cualquier inmueble ha desatado una guerra de precios en este nuevo mercado. Los técnicos habilitados para expedir este visado, que califica la eficiencia en el ahorro de recursos de los pisos, se han lanzado a una loca carrera por conseguir clientes que está derivando en descuentos del precio inicial de hasta el 80%.


Las fórmulas son de lo más variadas, y parece que se impone el todo vale con tal de vencer a los -numerosos- competidores. Buen ejemplo de esta situación es el portal Certif.es, un lugar de encuentro donde propietarios y técnicos pujan, literalmente, por el precio más económico partiendo de una tarifa base.


Certificados para viviendas con un precio de salida de 300 euros terminan adjudicándose por 120 o menos, en una pugna en directo entre la oferta y la demanda. El alcance es nacional, y muchos profesionales sin un gran respaldo empresarial y publicitario a sus espaldas pueden de esta forma acceder a clientes de cualquier lugar.


De hecho, en el sector se empieza a sospechar que muchas de las revisiones se realizan "desde casa". O lo que es lo mismo: "piden una serie de datos al propietario, suficientes para rellenar los impresos y dar el certificado sin tener que desplazarte", critica un ingeniero zaragozano que está buscando testimonios para emprender medidas legales y evitar esta práctica.


Otra de las vías utilizadas son las conocidas empresas de cupones de descuentos, donde se ofrecen grandes rebajas durante un tiempo limitado. Es el caso de Groupon, donde se han publicitado la emisión de certificados energéticos desde 89 euros, reduciendo el precio inicial hasta un 70%.


Hay quien incluso ha visto las posibilidades de negocio sin ser parte del juego. Son los intermediarios, que se hacen con cupos de viviendas y las ofrecen a los certificadores, que aceptan pagar menos por garantizarse un volumen de trabajo. Lógicamente, parte del importe que pagan los propietarios queda en manos de estos intermediarios.


Según Juan Fernández Aceytuno, director general de Sociedad de Tasación, en este mercado impera una “paranoia absoluta”, y muestra su preocupación por la posible pérdida en la calidad de las certificaciones por culpa de la guerra de precios.


En su discurso durante el pasado encuentro inmobiliario Inmonext, organizado por un portal inmobiliario, Aceytuno recordó que la certificación energética de los inmuebles entraña un “altísima responsabilidad”, ya que si esta no se hace correctamente, tanto el comprador como el vendedor de la vivienda pueden interponer una demanda.

¿Quién está habilitado?

La Unión de Consumidores de Aragón (UCA) también ha mostrado su malestar por el descontrol generado desde la puesta en marcha, el pasado 1 de junio, del certificado de eficiencia energética. Desde esta asociación critican la “pésima regulación” del Ministerio de Presidencia e intentan “calmar los miedos que los responsables políticos están intentando introducir en los ciudadanos”.


UCA asegura que esta guerra de precios y otras situaciones que está viviendo el sector tienen su origen en la falta de precisión de la norma. “Ya se han posicionado los distintos profesionales en un intento de quedarse con el mercado, pero el Real Decreto no aclara quién es competente para hacerlo”.


“¿Ingenieros, todos los ingenieros? Los informáticos, los de electrónica, telecomunicaciones... Por supuesto los arquitectos y, ¿qué pasa con los técnicos de Formación Profesional? La UCA considera que también pueden tener capacitación suficiente para hacerlo, aunque a estos últimos profesionales, como no tienen colegios profesionales y tienen una menor cualificación académica, el resto de grupos se apoderarán del mercado de certificación”, lamentan en un comunicado.

Aragón sigue sin registro oficial

Mientras tanto, el Gobierno de Aragón sigue trabajando a marchas forzadas para abrir el registro oficial de certificados, en manos de las comunidades autónomas. La necesidad de cumplir con la Ley de Datos de Carácter Personal está retrasando su puesta en marcha, que debería haber llegado hace ya quince días.


De hecho, algunas administraciones regionales ya lo ofrecen a sus ciudadanos, incluso a través de internet, para facilitar los trámites. Lo que debaten ahora las Comunidades es si cobrar por registrar el certificado. El gobierno madrileño ofrecerá finalmente este servicio gratis, después de que las críticas del sector frenaran el conocido 'tasazo' de 40 euros.


Desde el departamento de Industria de la DGA aseguran que “lo más probable” es que sea gratuito, aunque “todavía no es definitivo”.