El consejo de administración de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) ha acordado este lunes no recurrir la sentencia que condena a la sociedad pública aragonesa al pago de 11,7 millones de euros por deudas pendientes a empresas contratistas de la urbanización del recinto empresarial.

Según informa en un comunicado este órgano rector, cuya reunión ha presidido el consejero de Obras Públicas del Ejecutivo aragonés, Rafael Fernández de Alarcón, Plaza deberá abonar los 10,9 millones adeudados a los adjudicatarios más 879.215 euros en concepto de intereses de demora y 77.325 correspondientes a costes judiciales.

Para llevar a cabo la operación, el Gobierno aragonés ha autorizado a la Corporación Empresarial Pública de Aragón la suscripción de un préstamo participativo con Plaza de 4,3 millones, que se sumarán a los más de 7,3 millones de euros ya consignados en el juzgado encargado del caso.

Por otra parte, la sociedad pública ha decidido acometer un proyecto de ampliación de sus instalaciones para dar respuesta a las demandas de suelo de potenciales clientes e incrementar el atractivo de la plataforma para las empresas.

Según las fuentes citadas, con esta iniciativa, cuyo estudio y proyectos se han encargado a la empresa pública Suelo y Vivienda de Aragón, se busca favorecer la captación e instalación de empresas y la generación de empleo y consolidar la imagen de Plaza como referente en el desarrollo logístico de la Comunidad.

Tras la reunión, el consejero aragonés de Obras Públicas ha explicado que Plaza "necesita ofertar al mercado logístico nuevas parcelas de tamaño superior a las que en estos momentos están disponibles, ya que la máxima es de 111.000 metros cuadrados".

Fernández de Alarcón ha señalado que la actuación prevista refleja la "apuesta" del Gobierno aragonés por la plataforma logística zaragozana.