CSI·F denuncia el deterioro del servicio y de las condiciones de trabajo en la Casa de Amparo

CSI-F considera que los sucesos acaecidos en las últimas semanas, que incluyen la muerte violenta de un anciano en la 3ª planta de la Casa de Amparo, deberían obligar al Ayuntamiento a replantear el modelo de residencia y a valorar si es conveniente que convivan en el mismo centro personas que acceden a una plaza por ser dependientes y aquellas que lo hacen por sufrir una situación de desamparo.

La modalidad de acceso para estas plazas puede ser de carácter permanente o temporal y el artículo 18 del reglamento de la Casa Amparo establece que no acogerá residentes que padezcan una psicopatología que suponga un grave riesgo para la integridad física del resto de residentes o de los trabajadores del centro. "Sin embargo queda claro que el riesgo de agresión a los trabajadores está aumentando debido al cambio de perfil de los residentes", afirma el sindicato.

Según CSI-F, la 3ª planta no es el único de los problemas. En la 1ª, cuyos ocupantes no sufren deterioro cognitivo que pueda alterar su conducta, las situaciones pueden resultar igualmente peligrosas. Aseguran desde CSI-F que pese a que estos residentes son conscientes de sus actos, las amenazas entre residentes y a trabajadores se dan a diario: "Algunos de estos residentes -procedentes del Albergue Municipal, de vivir en la calle o, incluso, en un mausoleo del cementerio- se resisten sistemáticamente a respetar las normas de convivencia".

CSI-F denuncia que el deterioro de la Casa de Amparo empezó con el desenfreno de las privatizaciones, la primera en junio de 2011, que afectó al servicio de lavandería de la Casa de Amparo, que fue externalizado a través de un concurso público por 868.987 €; la segunda fue la privatización de la gestión de la 3ª planta (atención de grandes dependientes), que se adjudicó a la empresa Vitalia Aneto por un importe de 4,3 millones de € cuando un estudio interno, según expone CSI-F, establecía la posibilidad de reestructurar el servicio por unos 3 millones.

La privatización de la 3ª planta supuso la redistribución, entre otros servicios municipales, de 26 funcionarios (auxiliares y enfermeras), "personal muy cualificado y experimentado que fue sustituido únicamente por la mitad de personal con menos cualificación y peores condiciones laborales, con sueldos brutos que rondan los 800 € al mes", denuncian en un comunicado.

La Casa de Amparo cuenta con 180 plazas, 40 provienen del convenio suscrito con el gobierno de Aragón por la Ley de Dependencia, mientras que el resto llegan por medio de centros sociales municipales y se trata de personas que se encuentran en una situación de especial necesidad o de desamparo, "personas con muy pocas posibilidades económicas que pagan una cantidad mínima".