La Asociación de Vecinos 'Ebro' del barrio de la Almozara de Zaragoza ha reclamado al delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, que retire las sanciones y multas a los ciudadanos "por ejercer sus derechos de expresión y manifestación".

En una carta, firmada por la presidenta de la asociación, Encarna Mihi, esta entidad explica los hechos sucedidos en el Encuentro-Tertulia con la consejera de Educación, Dolores Serrat, celebrado en el centro cívico de este barrio, el pasado miércoles, 15 de mayo, ha informado en un comunicado esta entidad.

El escrito precisa que el 8 de mayo el presidente de la Junta del PP de La Almozara remitió una invitación a la asociación para asistir al acto, que, por su denominación "aparece con un carácter abierto a intervenciones y debate con la consejera, de ahí nuestra asistencia", precisa la misiva.

Asimismo, relata que, al comienzo del mismo, "la policía nacional impidió el acceso a la sala a un grupo de unas veinte personas que lucían camisetas verdes".

Tras la intervención de Serrat, la presidenta de la asociación intervino para mostrar su "desacuerdo" con el proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) "y le planteamos problemas específicos producidos por los recortes en los centros educativos del barrio", además de indicarle que "apoyábamos en ese momento desde la sala con el uso de la palabra las reivindicaciones del colectivo al que pertenecían quienes quedaban fuera de ella".

Asimismo, "le demandamos que retirase la denuncia por el 'escrache' de los tupperwares y su intervención personal ante el Delegado del Gobierno para conseguir la eliminación de las sanciones" por "antidemocráticas, injustas y desproporcionadas".

También le reclamó "diálogo" y la necesidad de crear una comisión con participación de las entidades sociales "para abordar el presente y el futuro del Parque Deportivo Ebro".

Protestas en el exterior

Mihi señala, en la carta, que "los miembros de Marea Verde a los que no se permitió la entrada coreaban consignas, entre ellas la de petición de dimisión de la consejera, sin que en ningún caso se profirieran insultos a su persona; tampoco escuchamos patadas en la puerta, ni en las mamparas".

Agrega que "la propia consejera determinó racionalmente permitirles el acceso a la sala, e incluso se dirigió a la entrada para invitarles a pasar pidiendo que se les permitiera el acceso", pero "unos cuantos cargos públicos, acompañantes, guardaespaldas y policía nacional se lo impidieron".

La presidenta de la asociación añade que, "tras haber planteado que pasaran, la consejera explicó que eran ellos, Marea Verde, los que no habían querido entrar" por lo que "o bien la invitación a pasar se perdió de la mesa a la puerta o alguien mintió a la consejera".

Mihi expone, igualmente, que el único miembro de Marea Verde que había accedido al acto planteó la posición de dicho movimiento a las políticas de la consejera, a quien la policía identificó a la salida del acto, mientras que otro de los miembros de este colectivo, "que había desalojado pacíficamente el edificio, fue detenido en la calle por la policía".

La presidenta de la asociación concluye al señalar que "la única violencia que se produjo no provino de los miembros de Marea Verde, sino que lamentablemente fueron ellos los sujetos pasivos de la misma" y lamenta que "cuando lo necesario es más diálogo o simplemente diálogo, desde el PP se entienda que el autoritarismo y la represión pueden sustituirlo".