El delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, ha señalado que los ciudadanos "tienen derecho constitucionalmente a manifestar sus opiniones", mediante la reunión, manifestación y concentración, "lo que no tienen es el derecho a hacer lo que les dé la gana", sino que "hay que seguir unos cauces reglamentarios".

En declaraciones a los medios de comunicación, tras participar en la presentación de unas ayudas de 'Red.es' para talleres de reparación de vehículos, ha apuntado que cualquier colectivo que quiera manifestarse "tiene que comunicarlo y la Delegación dirá si hay alguna cuestión que pueda afectar a la seguridad ciudadana" y hará las consideraciones "que crea oportunas".

Sin embargo, "parece ser que algunos colectivos lo que pretenden" es tener "el derecho de ir a casa de ciudadanos a acosarlos, intimidarlos y hostigarlos", "coaccionando" a esas personas, "a sus familiares y a sus vecinos" para "hacerles cambiar su posición legítimamente adoptada".

Al respecto, ha puntualizado que la propuesta de sanción sobre el portavoz de Stop Desahucios, Pablo Híjar, de 1.500 euros por un escrache ante el domicilio del diputado del PP por Zaragoza en el Congreso, Eloy Suárez, corresponde a una falta de carácter grave, para las que la Delegación puede establecer una multa de hasta 6.000 euros y el Gobierno central de hasta 30.000.

En ese contexto, la ha calificado esa sanción de "moderada" y ha pedido "ser rigurosos", para aclarar que la propuesta de sanción de 200 euros a un médico de Huesca en huelga de hambre que quiso entregar una carta a la presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, no fue por ese hecho, ya que "por eso no se sanciona a nadie en este país".

Gustavo Alcalde ha expuesto que la propuesta de sanción corresponde a que "desobedeció las instrucciones e indicaciones de la policía, cuando le invitaron a desalojar un acto y se negó". De hecho, ha añadido, "dos y hasta tres policías" lo sacaron "en volandas".

Por eso, "hubo una resistencia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", algo que "está calificado como falta leve en la ley de seguridad ciudadana" y bajo ese concepto se ha propuesto la sanción de 200 euros y "no por intentar entregar una carta a la presidenta", ha reiterado.

Sanciones importantes

Por otra parte, ha anunciado, respecto a la concentración que hubo el pasado jueves delante de la casa de la consejera de Educación, Dolores Serrat, que si le llega un acta de la policía "que identifica a alguna de las personas" que participó en ese acto, propondrá "una sanción importante, si se demuestra que son promotores, o más sencilla si son simplemente participantes".

Alcalde ha recordado que el jueves por la tarde había autorizada una manifestación con motivo de la huelga de educación, que transcurría por la calle de don Jaime, para llegar hasta la plaza del Pilar de Zaragoza, pero algunas personas "decidieron por su cuenta plantear una concentración y una situación de acoso, un escrache, delante de la casa de la consejera", en otra calle próxima.