El jubilado que se intentó quemar a lo bonzo no quiso poner en peligro la vida de otros

La plataforma Contra la Privatización de la Sanidad de Aragón se ha entrevistado con Gabriel Fuertes Royuela, el jubilado de 65 años de edad que el 25 de abril, en un acto de desesperación al no poderse costear los medicamentos que necesita para su enfermedad, se intentó 'quemar a lo bonzo' en el Servicio Provincial de Salud del IASS.

Según dicha plataforma, Gabriel declara que nunca quiso poner en peligro la vida de nadie, excepto la suya propia. Por lo que desmiente el haber rociado con gasolina las instalaciones de dicho edifico público. Tras ser reducido por el director del centro y los cuerpos policiales fue ingresado, en situación de incomunicación, en el módulo penitenciario del hospital Miguel Servet, bajo la acusación de amenazas. A partir de ese momento, Gabriel continuó manifestando su protesta, negándose a ingerir alimentos durante siete días. A día de hoy, encontrándose ya en la planta de psiquiatría, está comiendo regularmente y seguirá hopitalizado a la espera de su recuperación.

Según él mismo ha contado, Gabriel sufre una invalidez, desde los años noventa, a causa de una poliposis adenomatosa familiar. Actualmente, recibe una pensión del Régimen General de la Seguridad Social de 764€. Cómo única fuente de ingresos y tras descontar los gastos fijos a los que deben hacer frente, él y su mujer disponen, en el mejor de los casos, de 150€ para todo el mes. Desde la introducción de los copagos, con la aplicación del Real Decreto ley 16/2012, los 17 medicamentos necesarios para su afección le suponen una media de 30€ mensuales.

Para la plataforma Contra la Privatización de la Sanidad, Gabriel es solo "un ejemplo más de las graves consecuencias" que provocan las medidas impulsadas por el Gobierno y de su repercusión dramática en los sectores más vulnerables de la población, como son los pensionistas.

Por todo ello, la Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad de Aragón manifiesta su apoyo y solidaridad a Gabriel Fuertes y exige la "inmediata derogación" del real Decreto- ley 16/2012, por el cual, según afirman, "se pierde un derecho humano básico como es el de la salud". Por último, los defensores de la Sanidad pública remarcan la responsabilidad de los representantes políticos "de todo el sufrimiento derivado de la aplicación de dichas medidas políticas".