Varios colectivos denuncian "la criminalización de las protestas ciudadanas"

En los últimos meses, han aumentado las manifestaciones, concentraciones y protestas contra los recortes sociales y los desahucios. A la vez, varios colectivos denuncian "el excesivo despliegue policial" en estos actos, las identificaciones masivas y la "criminalización de las protestas ciudadanas".

Los 51 participantes en el escrache ante el domicilio del diputado del PP Eloy Suárez en Zaragoza el pasado 9 de abril han recibido multas de entre 200 y 1.500 euros por incumplir las leyes de seguridad ciudadana y de reunión. La plataforma Stop Desahucios critica la "criminalización" y anuncia que continuará con sus movilizaciones.

"A los diputados aragoneses del PP les hemos mandado cartas y miles de correos electrónicos, los hemos buscado en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, hemos accedido incluso a sus domicilios. Pero no hay forma de que nos escuchen. Nuestras acciones, al igual que lo son las movilizaciones frente a las entidades bancarias, son siempre pacíficas. La única respuesta que estamos encontrando es una campaña de criminalización que al final se ha traducido en sanciones administrativas para los ya conocidos como 'Los 51 de Zaragoza'", afirman.

Stop Desahucios ha decidido trasladar su próxima reunión semanal, el lunes 6, a las 19.00, ante la sede del PP en Gran Vía. "No nos escuchan, no quieren vernos. No acuden a nuestras asambleas pese a nuestras constantes invitaciones. La única solución que tenemos es llevar las asambleas hasta su sede", apuntan.

Juicios pendientes a estudiantes, profesores y una vecina del Actur

Asun Gulina, portavoz de la Plataforma Solidaria Actur-Parque Goya y presidenta de la Asociación de Vecinos Puente de Santiago, está a la espera de un juicio y teme que también le impongan una multa. Asun participó con unas 50 personas en una concentración autorizada en la sede del IASS en el Actur contra los recortes a las ayudas y los alquileres sociales. Asun, parada de 60 años, discutió con un policía que le exigió que le entregara el cartel que portaba. Le acusan de una falta de desobediencia y ha recibido citación del juzgado para el juicio el próximo 28 de mayo.

"Está claro que no es un caso aislado, sino que forma parte de una campaña de criminalización de las protestas sociales. Quieren asustarnos y que dejemos de salir a la calle a protestar. Estamos viviendo un recorte de libertades y derechos democráticos", afirma Asun, que ha escrito una carta con su testimonio. La plataforma convoca a otros colectivos a una reunión en su asociación (en Margarita Xirgú, 2) la próxima semana para debatir sobre este "recorte de derechos".

La acción de los 'tuppers', el primer escrache

También están pendientes de juicio de faltas cinco personas que participaron el 12 de enero en un acto de protesta convocado por Marea Verde frente al domicilio de la consejera de Educación, Dolores Serrat. Protestaban contra los recortes educativos y en solidaridad con las monitoras de comedor, que estaban en huelga. El acto consistió en la elaboración de un árbol de 'tupperwares' en una farola en la calle de Alfonso I, frente al domicilio de Serrat. La consejera les denunció por acoso.

"Fue una concentración simbólica, pacífica. El juez no ha admitido la vía penal. Las cinco personas (dos estudiantes, una profesora, una trabajadora de comedores y un fotógrafo) están a la espera de juicio de faltas para el que todavía no hay fecha", explica un portavoz de Marea Verde.

"Este responde a una campaña de criminalización de las protestas ciudadanas en general y de Marea Verde en concreto. Con la imposición de multas y las identificaciones masivas buscan meter miedo. El derecho a la protesta está siendo cuestionado", afirman desde Marea Verde.

58 expedientes sancionadores este año

La Delegación del Gobierno en Aragón ha abierto este año 58 expedientes sancionadores (los 51 del escrache a Eloy Suárez y otros 7) a participantes en protestas ciudadanas, por incumplir la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Desde la Delegación niegan que hayan aumentado las identificaciones policiales en protestas ciudadanas. "Salvo en el caso del escrache a Eloy Suárez, no hay cambios significativos en el número de identificaciones", apuntan.