Los efectos del polémico Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que desde septiembre dejó sin tarjeta sanitaria a miles de inmigrantes irregulares en todo Aragón, ya puede ser cuantificado. Según datos del Departamento de Salud de la DGA, publicados por el Instituto Aragonés de Estadística (Iaest), durante el último año más de 31.000 inmigrantes han perdido su tarjeta sanitaria en la Comunidad.

Mientras el número de usuarios españoles del Servicio Aragonés de Salud se ha mantenido estable entre 2012 y 2013, se ha producido una espectacular caída del número de extranjeros, la mayor parte de ellos (18.008) extracomunitarios y el resto, 13.124, procedentes de otros países de la Unión Europea. Aunque al principio se especuló con que serían alrededor de 15.000 inmigrantes los que perderían la tarjeta por encontrarse en situación irregular en España, finalmente esa cifra ha sido casi del doble, ya que también han sido muchos los extranjeros comunitarios que han sufrido esta medida.

Según explican desde SOS Racismo Aragón, entidad que también forma parte de la Plataforma Salud Universal, este último colectivo en ningún caso puede encontrarse en situación ilegal en España, ya que son ciudadanos europeos, pero sí han podido perder la tarjeta si no tienen medios económicos acreditados. No obstante, la pérdida de una pequeña parte de estos usuarios también podría explicarse por que hayan salido de Aragón, bien hacia otras comunidades o hacia otros países. Sin embargo, atendiendo a la evolución del número de tarjetas de extranjeros durante los últimos años, cuando estos descensos no habían superado los 2.000 usuarios en un año, este argumento tampoco podría explicar una caída 15 veces superior.

A pesar de la no renovación de las tarjetas a este colectivo, desde el Gobierno de Aragón siempre se ha defendido que en ningún caso se les negaría la atención médica ni hospitalaria, aunque sí se les haría firmar un compromiso de pago en caso de que no existiera un convenio con sus países, solo aplicable a aquellos inmigrantes con recursos suficientes. Sin embargo, desde diferentes asociaciones en defensa de los extranjeros y la sanidad universal se han denunciado en más de una ocasión incumplimientos de este compromiso. Además, estas personas que han perdido su tarjeta, aunque sean atendidos, tienen que costearse la totalidad del precio de las medicinas -en ocasiones muy caras- que necesitan para tratarse.

Nuevo plan de la DGA

Para acabar con estas polémicas y crear un plan de actuación claro para las personas que han perdido su tarjeta desde septiembre, la DGA ha presentado esta misma semana el Programa Aragonés de Protección Social de la Salud Publica para garantizar “el acceso al sistema sanitario público aragonés a aquellas personas que no han ostentado o han perdido la condición de asegurados o beneficiarios del Sistema Público de Salud y en las que existe una vocación de residencia en nuestra Comunidad”.

En teoría, se implantará en las próximas semanas para que las personas incluidas en el programa “no generen deuda por la prestación sanitaria recibida en nuestra Comunidad con lo referente a la cartera común básica de servicios, por lo que no tendrán que suscribir ningún compromiso de pago”.

Solo 11 inmigrantes pagaron

Durante los tres primeros meses de aplicación del decreto, tan solo 11 de los 89 inmigrantes irregulares procedentes de países sin convenios con España a los que atendieron en centros sanitarios aragoneses tuvieron capacidad económica para pagar la asistencia sanitaria, por lo que casi un 90% no pudieron asumir el coste de estos servicios.

Según denunció entonces la Plataforma Salud Universal, el Gobierno de Aragón tan solo recaudó 1.288 euros por la atención a esos 11 inmigrantes irregulares, por lo que consideraron injustificada la aplicación por motivos económicos del real decreto que deja sin tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares.