UPyD solicita grabar los plenos para los ciudadanos

El coordinador del Consejo Local de UPyD de Zaragoza, Javier Puy, ha registrado este miércoles en el Ayuntamiento de la ciudad una solicitud en la que plantea el derecho de la ciudadanía a grabar los plenos del consistorio y su posterior difusión.

El objetivo principal de esta petición es que se cumplan los principios de transparencia y participación, "en coherencia con las medidas de Gobierno abierto" planteadas por el Ayuntamiento de Zaragoza, han señalado.

"Si podemos conseguir una respuesta positiva del Ayuntamiento de Zaragoza, lograremos que se cumplan unos derechos que asisten a los ciudadanos", ha manifestado el coordinador de UPyD, para quien es importante apoyarse en dos "pilares fundamentales": la publicidad y el derecho de acceso a la información de las sesiones plenarias, "ambas reconocidas legalmente", ha dicho.

De hecho, el escrito se fundamenta, entre otros, en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Ley de Administración Local de Aragón y sentencias o recomendaciones entre las que destacan del Tribunal Supremo, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana o resoluciones de distintos defensores del pueblo.

Ya el pasado mes de noviembre la portavoz de UPyD, Rosa Díez, solicitaba respuesta "por escrito" al por qué de los obstáculos que muchos vecinos encuentran para grabar los plenos municipales de sus ayuntamientos.

Díez le planteó entonces al Gobierno de la nación si estos impedimentos "favorecen el aumento de confianza de los ciudadanos en la actividad política, si nuestros representantes elaborarán en el futuro medidas que protejan el derecho de los ciudadanos a grabar y difundir los plenos", y si, por último, el Gobierno comunicará a los responsables políticos municipales "la problemática existente en este tema y la jurisprudencia que existe y favorece a los vecinos".

En relación a estas cuestiones, el Gobierno admitió que limitar el acceso de las cámaras a los plenos implica "censura previa" para la obtención de la información, lo cual repercute en un derecho fundamental de los medios de comunicación que quieran grabar la sesión y obstaculiza también "el derecho a la información de los vecinos". En su respuesta recordó también que "los tribunales protegen el derecho de los ciudadanos en esta materia", añadiendo al final de su contestación que nuestros gobernantes actúan "con absoluto respeto a las leyes vigentes, la jurisprudencia en la materia y el respeto a la autonomía local consagrada en la Constitución Española".

Basándose en la legislación vigente, en las resoluciones de los tribunales y en esta respuesta del Gobierno, Javier Puy cree que "al alcalde se le va a hacer muy difícil negar ese derecho a los zaragozanos".

"Si lo hace, no debería declararse máximo defensor de la transparencia", ha sentenciado.