Las Cortes rechazan considerar la creación de un impuesto sobre los depósitos bancarios

Las Cortes de Aragón han rechazado la toma en consideración de la proposición de ley del Impuesto sobre los Depósitos de las Entidades de Crédito, defendida por el Grupo Socialista en la sesión plenaria de este jueves. El PAR se ha abstenido, mientras que PSOE y CHA han votado a favor, empatando tres veces con los 30 diputados del PP, por lo que la iniciativa ha sido rechazada.

La proposición de ley pretendía gravar los depósitos bancarios cobrando una tasa a las entidades financieras que, según señala el artículo 4 de la iniciativa, no podrían repercutir el gravamen sobre los clientes. La cuota tributaríi era de un 0,4 por ciento sobre una base imponible de hasta 150.000 euros y del 0,5 por ciento hasta 600.000 euros, para recaudar entre 42 y 45 millones de euros anuales.

La diputada proponente, Ana Fernández, ha defendido este impuesto como herramienta para mantener el Estado del Bienestar. Ha criticado al Gobierno de España, ya que introdujo -en el Senado- este impuesto con una tasa del cero por ciento en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de 2013, la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado, lo que en la práctica impide a las comunidades autónomas gravar los depósitos por ser la ley mencionada de ámbito estatal.

Esto "neutraliza" a las regiones, ha dicho Fernández, en cuya opinión el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha decidido "proteger a los bancos" e "impedir que se atiendan los servicios públicos, la sanidad, la educación, los servicios sociales". Ha asegurado que esta medida contraviene el Estatuto de Autonomía, que da a Aragón capacidad para fijar impuestos.

"La Hacienda aragonesa necesita recursos porque los ingresos van bajando de forma estrepitosa", ha proseguido Ana Fernández, quien ha expresado que esta es una forma de recaudar que no afecta directamente a los ciudadanos.

Coherencia

El parlamentario de IU, Luis Ángel Romero, ha criticado al PP por establecer la tasa cero, lo que ha achacado al interés del PP por hacer más competitivas a las entidades bancarias, de tal manera que "se vuelve a posicionar al lado de los bancos y las entidades financieras".

"Desde IU venimos defendiendo de siempre que las entidades financieras contribuyan más a las arcas públicas y que esa contribución pueda dirigirse a los sectores más necesitados", ha expuesto Romero, quien ha defendido la Tasa Tobin, que grava los flujos de capitales y que ahora apoya el Consejo Europeo.

El diputado de CHA, José Luis Soro, ha mostrado su apoyo a la iniciativa legislativa "por coherencia" y "por justicia", a lo que ha añadido que "los bancos han sido corresponsables" de la crisis y que deben cumplir con parte de su culpa.

Soro ha apelado al autogobierno y ha opinado que crear la tasa cero de este impuesto es "lo más bajo que ha hecho el Estado" desde que se creó el sistema autonómico, en el sentido de que "se crea 'ex professo' para impedir a las comunidades que lo creen", lo cual es, según Soro, "un golpe de Estado a la autonomía financiera".

Doble imposición

La diputada del PP, Yolanda Vallés, ha señalado que es imposible, jurídicamente, crear este impuesto en Aragón y ha agregado que este gravamen "ya está vigente en Aragón, ya forma parte de nuestro ordenamiento jurídico" al haberlo aprobado las Cortes Generales. Ha defendido la Ley de Acompañamiento de 2013.

Vallés ha recordado que el Tribunal Constitucional ha anulado la regulación aprobada en Cataluña y que lo mismo ha ocurrido en Asturias. Ha atribuido "la escasa financiación" de la Comunidad Autónoma al sistema de financiación autonómica aprobado en 2011, con el anterior Gobierno de España, el apoyo del PSOE aragonés y con el rechazo del PP.

El PP defenderá "siempre" la capacidad normativa de Aragón, ha agregado Yolanda Vallés, quien ha resaltado que la Unión Europea prohíbe la doble imposición -estatal y autonómica- y protege la unidad de mercado.

El diputado del PAR, Antonio Ruspira ha aseverado que "este es un asunto más de autonomía que de economía" y ha considerado que este gravamen se aprobó con tasa cero en el Senado "con premeditación, alevosía y nocturnidad". Además, Ruspira lo considera "un ataque frontal al Estatuto de Autonomía y un absoluto boicot en su capacidad de gestión".

Ha justificado la abstención porque el Acuerdo de Gobernabilidad firmado por PP y PAR al comienzo de la legislatura dispone que "salvo circunstancias de carácter excepcional vamos a intentar no incrementar la presión fiscal a los aragoneses y aragonesas".