Las Cortes de Aragón han rehusado este jueves solicitar al Gobierno autónomo que reabra el Parque Deportivo Ebro de Zaragoza, revocando la decisión de cerrarlo que se hizo efectiva el pasado 1 de enero. La mayoría PP-PAR ha rechazado una proposición no de ley de CHA que exigía que se mantuviera la titularidad pública por su rentabilidad social. La iniciativa ha sido enmendada por el PSOE. 

El parlamentario de CHA, Gregorio Briz, ha expuesto que las instalaciones han sido "infrautilizadas de forma paulatina" por varios motivos, entre otros los sanitarios, a lo que se suma una necesidad de inversión de 1,5 millones de euros.

Ha tildado de "grave error" el cierre del Parque Deportivo y ha recordado que los deportistas que entrenaban en estas instalaciones han tenido que buscar otras. Además, ha mencionado las "afecciones educativas" del cierre, ya que 214 alumnos del IES taca lo utilizaban.

La gestión ha sido "mala", ha continuado Briz, quien ha lamentado que no haya un plan de viabilidad y ha opinado que el cierre "estaba definido desde el principio".

El diputado del PAR, Manuel Lorenzo Blasco, ha pedido "que se mantenga" el centro deportivo, pero ha recordado que ello exige garantizar algunas condiciones de seguridad y de salubridad, "unos mínimos" exigibles.

Voluntad

La parlamentaria del PSOE, Ana Cristina Vera, ha apoyado la iniciativa. Ha afirmado que, en 2012, el Gobierno de Aragón "no presupuestó la cuantía suficiente" porque "no había voluntad de continuar con la gestión pública del parque" y "estaban preparando el cierre". Así, ha exigido su apertura "cuanto antes" y se ha preguntado "por qué si no es rentable para el Gobierno lo va a ser para una empresa privada".

Por su parte, la diputada de IU, Patricia Luquin, ha considerado que "ha faltado valentía" para mantener abierto el Parque Deportivo Ebro y ha agregado que el cierre ha sido "muy poco respetuoso", tanto con los trabajadores como con los usuarios. En este punto, ha echado en cara a los populares que "lo único que tienen en la cabeza es esa obsesión por externalizar".

Pero, el parlamentario popular, Miguel Navarro, ha achacado el cierre a la "planificación nefasta del Gobierno socialista durante 12 años" y ha recordado que las piscinas de verano fueron clausuradas tras levantar acta la inspección sanitaria en 2010. Además, ha mencionado el descenso del número de usuarios.