El Justicia pide más flexibilidad para los empleados públicos

El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha reclamado este martes mayor flexibilidad y motivación para los empleados públicos, distribuirlos por donde son más necesarios y ha alertado sobre la temporalidad, provisionalidad e interinidad que sufre la función pública aragonesa que se ha agravado por la crisis económica.

Así lo ha asegurado el Justicia durante la presentación del informe especial sobre el estado del empleo público en la administración aragonesa que ha realizado, a petición propia, en la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas de las Cortes de Aragón.

En los últimos quince años, el Justicia ha tramitado 2.317 expedientes y ha realizado 513 sugerencias a la administración aragonesa en esta materia.

Métodos para motivar

García Vicente ha destacado que el 52 por ciento de los funcionarios aragoneses ocupa una plaza provisional, lo que los convierte en "vulnerables", y ha reclamado mayor flexibilidad de las estructuras para que el personal se distribuya donde más necesario es, así como más motivación de estos empleados a través de mecanismos de evaluación efectiva de sus puestos de trabajo y el premio a la responsabilidad.

Según García Vicente, hay que aumentar el control de la administración y pedir responsabilidad y es necesario optar por un régimen estatutario para los empleados públicos.

En la actualidad, 40.163 personas trabajan en la administración aragonesa, de las que el 22 por ciento son interinos, siendo Educación y Sanidad, con un 27 y un 23 por ciento, respectivamente, los sectores que mayor distribución tienen según los datos del curso 2011-2012.

Como medidas para reducir la temporalidad y la provisionalidad, el Justicia ha apostado por que se convoquen las ofertas públicas de empleo y se desarrollen en forma y tiempo y ha sugerido que se cambie el modelo de la carrera administrativa para que los funcionarios puedan progresar en sus puestos de trabajo y tener una retribución acorde al esfuerzo realizado y las responsabilidades asumidas.

Ley de Función Pública

García Vicente ha abogado, además, por que la oposición tenga prioridad en la sistema selectivo de empleados públicos, sobre todo, en el ámbito de la educación, donde la antigüedad, a su juicio, debería tener menos valor.

En el sector de la sanidad, el Justicia ha sugerido la revisión de los mecanismos para la contratación temporal, ha mostrado su rechazo a las denominadas "peonadas" y ha apostado por que se ordenen las categorías profesionales, ya que en la actualidad hay 107, un número que ha considerado "excesivo".

García Vicente ha indicado que estas propuestas deben estar contenidas en una Ley de Función Pública de la comunidad autónoma que permita la configuración de un modelo de función pública moderno e independiente sujeto al principio de legalidad y a la defensa del interés general.

Reacciones de los grupos

La portavoz parlamentaria del PSOE, María Victoria Broto, ha insistido en que es necesario que se prestigie el sector de los empleados públicos y que los gobiernos los valoren y ha recordado que, con la crisis económica, estos trabajadores han visto empeorar sus condiciones de trabajo e incluso se les ha culpabilizado de la situación económica existente en el país.

Desde CHA, José Luis Soro, ha expresado su preocupación por el grado en que la crisis económica puede afectar a la prestación de los servicios en educación y sanidad, principalmente, y se ha preguntado dónde queda la competencia de Aragón sobre los funcionarios públicos.

Mientras que Alfredo Barrena, por IU, ha lamentado en su intervención la inexistencia de una política de gestión de los recursos humanos y ha denunciado que "sólo se planifica cómo se va a gastar menos en la gestión pública", toda vez que ha apostado por que se cumpla el compromiso de contar con una Ley del estatuto del empleado público.

Manuel Blasco, del PAR, ha dicho que no se puede pensar que la crisis es la única culpable de la situación de los empleados públicos en Aragón y ha apostado por una reforma que permita la optimización de los recursos públicos y un análisis de lo que debe ser la función pública, sin que ello suponga "privatizaciones", ha dicho.

Finalmente, Ramón Celma, del PP, ha apuntado que su partido apuesta por el empleo público, si bien ha añadido que el "matiz" es que no apuesta por el empleo público como motor principal del desarrollo económico, y ha afirmado que el gobierno está tomando medidas concretas en esta materia como la ordenación de los puestos de trabajo.