La construcción de viviendas se desploma en Aragón

La construcción de viviendas ha caído de forma drástica en Aragón durante los últimos años debido a la crisis, el exceso de oferta y la falta de financiación. Desde 2006, cuando se alcanzó el punto de inflexión de la burbuja inmobiliaria con 20.441 licencias en la Comunidad, el número ha descendido año tras año hasta la actualidad, cuando la cifra apenas alcanza las 2.000 anuales.

Durante el primer semestre de 2012, último dato disponible del Ministerio de Fomento, se condecieron una media de 150 licencias mensuales, frente a las 1.700 del año 2006 o las 1.535 de 2007. Un descenso de hasta el 90% que se ha ido cimentando en cinco años de importantes caídas: las 18.424 licencias expedidas en 2007 se redujeron más de la mitad en 2008, cuando fueron 8.570 en todo Aragón, y los descensos continuaron en 2009 (8.570), 2010 (3.073) y 2011 (2.625).

Solo en Zaragoza, se construyeron 8.900 edificios de viviendas en 2006, mientras que a lo largo de todo el 2011 el número se había reducido a 1.100 y el año pasado todavía fueron menos, 759, según datos de la Federación de Empresas de la Construcción de Zaragoza (Fecza).

“Hay que tener en cuenta que no todas las viviendas que obtienen licencia acaban materializándose, ya que no siempre se consigue financiación para sacar adelante el proyecto”, asegura el presidente de Fecza, José Luis Roca. Un problema cada vez más común que marcará la evolución del mercado durante los próximos años: “Además de la falta de financiación, puede existir un exceso de oferta motivado por la gran cantidad de viviendas que se construyeron antes de la crisis. Pero, tal y como está el sistema financiero, podemos vaticinar que durante los próximos cinco o seis años no habrá financiación para más de 1.500 viviendas al año”.

Por lo tanto, todos los pronósticos apuntan a un periodo de estacionamiento del crecimiento urbano tras los años de expansión -sobre todo en Zaragoza- previos a la crisis. Un desarrollo que, según apuntan los expertos, no responde a los patrones de sostenibilidad que se defiende hoy en día. “Resulta obvio que el número de viviendas construidas no se corresponde con el crecimiento neto de habitantes, que, aún siendo importante en los últimos años, no ha generado la necesidad ni la justificación para haber edificado tal volumen de vivienda nueva”, explica la geógrafa de la Universidad de Zaragoza María Zúñiga.

Los motivos de la expansión

“La salida de jóvenes hacia nuevos barrios, unida a una buena situación económica y un crédito fácil, explica la alta demanda de vivienda que se produjo en esa época. Además, no hay que olvidar que el precio del mercado de segunda mano se puso por las nubes, por lo que era más económico comprar una nueva con garaje, trastero y más metros cuadrados que una antigua en un barrio popular”, analiza Ángel Pueyo, responsable del Grupo de Estudios en Ordenación del Territorio (GEOT) de la Universidad de Zaragoza, en el que además de Zúñiga participan José Luis Calvo, Carlos López, Aldo Arranz y Raúl Postigo. Sin embargo, los expertos también señalan otros factores, como la posibilidad que vieron los poderes públicos de obtener plusvalías con este crecimiento.

“En comparación a otras ciudades españolas, la expansión ha sido mucho más comedida, pero no hay que olvidar que se ha primado el crecimiento de barrios nuevos, lo que conlleva un aumento del consumo de suelo y la necesidad de desarrollar infraestructuras”, añaden desde el GEOT.

Paralización de obras

La crisis no solo ha provocado un enorme descenso de la construcción de viviendas, sino que también ha paralizado numerosas obras que ya se encontraban en marcha. En ocasiones se trata de edificios aislados, pero en Aragón hay incluso generosos proyectos que se han quedado en el esqueleto tras la explosión de la burbuja inmobiliaria, como el complejo Ciudad Zaragoza Golf en el entorno de La Muela.

“Ahora hay una situación de incertidumbre por la llegada del Sareb -banco malo- y qué ocurrirá con los pisos de las entidades financieras”, explica Roca, quien cree que en estos casos deben primar los derechos de los compradores: “Si hay compromisos adquiridos con los clientes se debe llegar a un acuerdo con ellos y, bien acabar las viviendas, o devolverles el dinero”.