Centenares de personas salieron a las calles de Zaragoza este sábado para mostrar su apoyo a la iniciativa legislativa popular (ILP) admitida a trámite el pasado martes, y que demanda la aprobación de la dación en pago retroactiva, la moratoria de desahucios y el alquiler social.

Esta manifestación, convocada por la plataforma Stop Desahucios en toda España, tiene como objetivo "presionar a los partidos políticos y al Gobierno para que apruebe la ILP". De producirse este hecho, se habría dado un paso más en la búsqueda de una solución a los "desahucios que están por venir" y las "impagables" deudas que "arrastran" las miles de familias que ya han sido desahuciadas.

"La gente tiene muy claro que salir a la calle sí da resultado, y nuestra experiencia nos ha demostrado que la única solución en estos casos es la presión social", explicaba Raquel de la Riva, portavoz de Stop Desahucios en Zaragoza, quien calificaba como "insultante" la negativa del Gobierno a considerar el carácter retroactivo de la dación en pago.

"Nosotros vamos a ir a los bancos, iremos a los juzgados y señalaremos a los políticos que se opongan a ayudar a la iniciativa legislativa popular, hasta que consigamos el derecho básico de los ciudadanos a la vivienda", sentenciaba De la Riva.

En la protesta coincidieron numerosos colectivos sociales y víctimas de la situación económica y de los desahucios, así como muchas personas concienciadas con esta situación. Entre los afectados estaba Gloria, madre de un niño de 9 años que, cuando recibió la orden, llevaba ocho meses sin pagar las cuotas de su vivienda.

"Yo estoy en paro y mi marido tiene trabajos temporales. Llegó un momento en el que no podíamos seguir. Entonces decidimos comer y no pagar la hipoteca", aseguraba la afectada. Gracias a la ayuda de la plataforma, ha conseguido una dación de pago y quedarse en el piso con un alquiler social.

Durante la manifestación, miembros de la plataforma Stop Desahucios aprovecharon para vender camisetas (por 7 euros la unidad) y reunir en varias huchas las donaciones de muchos de los asistentes. "La gente está respondiendo muy bien, nos han comprado gran parte de las camisetas y hemos recibido muchos donativos", aseguraba Matilde López, una de las voluntarias. "La sociedad está cada vez más concienciada con lo que está ocurriendo. Cada vez viene más gente a pedirnos ayuda o prestar sus servicios", confirmaba.

Precisamente Matilde López y su hija, Rocío Riva (que también colaboraba en la recaudación económica), forman parte de la larga lista de afectados. Como en muchos otros casos, la falta de liquidez de su familia (con dos niños menores de 5 años) desembocó en el embargo de su vivienda. Por suerte, el pasado 14 de febrero consiguieron paralizar la subasta.

"Teníamos un crédito hipotecario de 90.000 euros. Cuando nos quedamos en paro, el banco nos ofreció otro de 8.000 euros y aceptamos. Pero después, sin decirnos nada, nos incluyeron otro con la misma cantidad. Conseguimos pagar los primero 2.000, pero no llegamos a más", lamentaba López. "Cuando llegó el embargo y la salida a subasta -explicaba-, tasaron nuestra vivienda en 12.000 euros, dejándonos a nosotros el resto de la deuda. Es indignante".

Aumentan las cifras

Según datos facilitados por Stop Desahucios, alrededor de 2.000 aragoneses recibieron a lo largo de 2012 una orden de desahucio por verse incapaces de hacer frente a sus hipotecas. Además, y como han especificado desde la plataforma, cada semana acuden a pedirles ayuda 15 nuevos casos.

"Al principio quienes venían eran inmigrantes o personas que se habían quedado en paro. Ahora el perfil se ha diversificado mucho, y ya se ven muchos autónomos y pequeños comerciantes que no pueden hacer frente a sus pagos", indicaba De la Riva. De igual forma, Desde la Asociación para la Defensa de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) aseguran que, cada semana, se acercan entre 20 y 25 familias con más de tres cuotas de impago acumuladas.

"La dación en pago es una solución para las víctimas de la burbuja inmobiliaria, pero la reforma tiene que ir más allá. Hay que hacer una moratoria de embargos y que la gente pueda oponerse si en los procesos de ejecución se dan cláusulas abusivas, como la cláusula del suelo", defendía Ana Solanas, vicepresidenta de la asociación. Según un estudio hecho por ADICAE, al menos el "75% de las personas en riesgo de desahucio quieren mantener su vivienda".

Solanas ha aprovechado para hacer un llamamiento para que "continúe la lucha", y ha instado a la gente a estar atentos ya que es posible que, si la aprueban, "los políticos decidan descafeinar la ley".